La liberación del productor secuestrado reactiva el debate sobre seguridad, presencia estatal y eficacia de la estrategia antisecuestro.
El productor agrícola Almir de Brum, secuestrado el 21 de febrero de 2026 en Canindeyú, recuperó su libertad tras más de 100 días de cautiverio. El caso, atribuido inicialmente al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), había movilizado a organismos de seguridad, inteligencia y defensa, reabriendo ahora el debate sobre la capacidad operativa de grupos armados y la respuesta institucional del Estado paraguayo.
La liberación que devuelve presión sobre la estrategia de seguridad
La recuperación de la libertad de Almir de Brum representa un alivio para su familia, pero también coloca nuevamente bajo escrutinio la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno en las zonas históricamente afectadas por grupos armados.
Durante más de tres meses, el caso estuvo bajo seguimiento del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y organismos de inteligencia. Inclusive el presidente Santiago Peña había confirmado públicamente que realizaba un monitoreo permanente del caso.
La prolongación del cautiverio mantuvo vigente una preocupación que Paraguay arrastra desde hace más de dos décadas: la persistencia de secuestros vinculados o atribuidos al entorno del EPP, pese a años de operaciones militares y policiales en el norte del país.
El desafío pendiente en Canindeyú y Caaguazú
Las investigaciones previas señalaban la posible presencia de una célula de entre 13 y 15 integrantes operando entre Canindeyú y Caaguazú, según datos divulgados por la inteligencia militar. Aunque las autoridades mantuvieron reservas sobre aspectos centrales de la investigación, el secuestro volvió a exponer vulnerabilidades en territorios donde convergen actividades agrícolas, comunidades rurales y economías ilícitas.
El caso tuvo además una dimensión económica relevante. De Brum fue secuestrado mientras realizaba tareas agrícolas en una zona de fuerte producción agropecuaria. La persistencia de este tipo de hechos genera preocupación en sectores vinculados a la inversión rural y a la producción agrícola, especialmente en departamentos fronterizos.
La seguridad en áreas productivas continúa siendo un componente observado por inversionistas, productores y gremios empresariales, debido a su impacto sobre la estabilidad de las actividades económicas.
El rol del Estado bajo evaluación
Desde el inicio del secuestro, distintas autoridades sostuvieron que existían informes de inteligencia que indicaban que la víctima seguía con vida. Tanto el ministro del Interior, Enrique Riera, como el ministro de Defensa, Óscar González, realizaron declaraciones públicas en ese sentido durante las semanas previas a la liberación.
La liberación abre ahora una nueva etapa institucional centrada en la reconstrucción de los hechos, la identificación de responsables y la evaluación de los mecanismos de prevención utilizados durante la investigación.
Entre los aspectos que probablemente serán observados por organismos de seguridad y sectores políticos aparecen:
- Tiempo de respuesta institucional.
- Coordinación entre organismos de inteligencia.
- Capacidad operativa en zonas rurales.
- Protección de sectores productivos.
- Resultados de la política antisecuestro vigente.
Más allá del desenlace favorable para la víctima, el episodio obliga a revisar procedimientos y resultados dentro del sistema de seguridad nacional.
El EPP vuelve al centro del debate público
El secuestro de Almir de Brum se produjo en un contexto donde diversos sectores sostenían que la estructura operativa del EPP había sido significativamente debilitada durante los últimos años.
Sin embargo, el caso reactivó cuestionamientos sobre la capacidad residual de grupos armados para operar en determinadas zonas del país. También volvió a instalar discusiones sobre la efectividad de los recursos destinados a tareas de inteligencia, control territorial y combate al crimen organizado.
La situación adquiere relevancia adicional porque Paraguay continúa registrando casos emblemáticos sin resolución definitiva, como los secuestros de Óscar Denis y Edelio Morínigo, que permanecen desaparecidos desde hace años.
La seguridad rural como desafío permanente
La liberación de Almir de Brum cierra uno de los episodios de mayor impacto en materia de seguridad durante 2026, pero deja abiertas interrogantes sobre la capacidad estatal para garantizar presencia efectiva en zonas rurales estratégicas.
Para el Gobierno, el desafío ya no pasa únicamente por la recuperación de una víctima, sino por demostrar que los recursos destinados a inteligencia, defensa y seguridad pueden traducirse en una reducción sostenida de riesgos para productores, trabajadores rurales y comunidades que desarrollan actividades económicas en regiones históricamente afectadas por la violencia criminal.
La evolución de las investigaciones y la eventual identificación de responsables marcarán los próximos capítulos de un caso que volvió a colocar la seguridad rural en el centro de la agenda pública paraguaya.
Periodista Senior