Advertencias jurídicas sobre el caso Kattya González elevan riesgos institucionales, tensiones constitucionales y eventuales costos internacionales para Paraguay.
Las declaraciones del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, sobre una eventual negativa a restituir a Kattya González aunque la Corte Suprema de Justicia falle a su favor, reactivaron el debate sobre el alcance constitucional del Poder Legislativo y los límites institucionales del Estado paraguayo. Abogados constitucionalistas advirtieron sobre posibles violaciones al debido proceso, riesgos para la seguridad jurídica y eventuales sanciones internacionales contra el país.
¿Por qué las declaraciones de Bachi Núñez reactivaron el debate sobre el Estado de derecho?
La controversia se instaló luego de que el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, afirmara que actuaría de forma similar al expresidente Fernando Lugo, quien durante su presidencia del Congreso evitó el juramento de los exmandatarios Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos como senadores activos. Sus declaraciones surgieron en medio de versiones sobre una inminente resolución de la Corte Suprema de Justicia respecto a la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González.
La exlegisladora había sido despojada de su banca en febrero de 2024 mediante una votación impulsada por el oficialismo cartista, que reunió 23 votos, pese a cuestionamientos sobre la exigencia reglamentaria de alcanzar 30 votos para concretar la pérdida de investidura. El caso se convirtió desde entonces en uno de los principales focos de tensión entre el oficialismo y sectores opositores.
El debate volvió a escalar luego de que trascendiera que solo faltaría el voto del ministro César Diesel, presidente de la Corte Suprema, para resolver la causa. González sostiene que, si la máxima instancia judicial anula su expulsión, no necesitaría volver a jurar y podría reincorporarse directamente a su banca hasta el final del periodo legislativo en 2028.
¿Qué cuestionamientos constitucionales plantean abogados y especialistas?
La abogada Alejandra Peralta Merlo advirtió que una eventual negativa del Congreso a acatar una sentencia de la Corte representaría un “desprecio por el Estado de derecho” y podría derivar en consecuencias económicas e internacionales para Paraguay.
Según explicó, la autonomía parlamentaria no elimina la obligación de respetar las garantías constitucionales del debido proceso. En esa línea, recordó antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) vinculados a destituciones de altas autoridades paraguayas.
Peralta mencionó específicamente el caso de los exministros de la Corte Suprema Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea, quienes fueron removidos durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Años después, la Corte-IDH condenó al Estado paraguayo, que debió afrontar indemnizaciones superiores a US$ 800.000.
Para la jurista, el actual conflicto podría volver a exponer al país ante organismos internacionales si se confirma una vulneración de garantías judiciales y constitucionales. El argumento conecta además con una preocupación creciente entre sectores empresariales y diplomáticos vinculados a la estabilidad institucional y la previsibilidad jurídica del país.
En términos políticos, el caso también profundiza la discusión sobre la concentración de poder del oficialismo cartista dentro del Congreso y el alcance de las mayorías parlamentarias para remover autoridades electas.
¿Puede el Poder Legislativo desconocer una sentencia de la Corte Suprema?
El abogado Federico Legal sostuvo que la independencia entre poderes no habilita interpretaciones autónomas de la Constitución fuera del marco institucional establecido por el sistema republicano.
“Existe una Constitución y tres poderes. No existen tres constituciones”, afirmó el profesional al cuestionar las expresiones de Núñez sobre la autonomía parlamentaria.
La discusión se concentra en un punto central: si el Congreso tiene capacidad política para resistir una eventual sentencia firme de la Corte Suprema o si ello implicaría un desacato institucional con consecuencias jurídicas y diplomáticas.
Especialistas consultados coinciden en que la controversia excede el caso individual de González y abre un precedente sobre la relación entre los poderes del Estado. El punto crítico radica en determinar hasta dónde llega la autonomía legislativa frente al control constitucional ejercido por la Corte Suprema.
El conflicto también revive cuestionamientos históricos sobre el uso de la figura de pérdida de investidura en Paraguay, especialmente en escenarios de alta polarización política y mayorías parlamentarias consolidadas.
¿Qué impacto político e internacional podría tener el caso Kattya González?
El caso comienza a ser observado más allá del ámbito estrictamente parlamentario debido a sus posibles efectos sobre la percepción internacional del país en materia institucional.
En organismos multilaterales y sectores vinculados a cooperación internacional, la estabilidad jurídica y el respeto a decisiones judiciales son considerados indicadores relevantes para evaluar gobernabilidad democrática y seguridad jurídica.
Entre los principales riesgos que advierten especialistas se encuentran:
- posibles demandas internacionales contra el Estado paraguayo;
- deterioro de indicadores de institucionalidad democrática;
- cuestionamientos sobre independencia de poderes;
- impactos reputacionales sobre clima de inversión;
- aumento de tensión política entre oficialismo y oposición.
El conflicto ocurre además en un contexto en que Paraguay busca fortalecer su posicionamiento internacional mediante mejoras en indicadores económicos, acceso a mercados financieros y atracción de inversiones extranjeras.
La posibilidad de que un poder del Estado desconozca una sentencia constitucional podría convertirse en un factor de análisis para calificadoras, organismos de cooperación y actores financieros internacionales atentos a señales de estabilidad institucional.
¿Qué escenario enfrenta ahora la Corte Suprema en el caso Kattya González?
La acción de inconstitucionalidad presentada por Kattya González permanece pendiente desde febrero de 2024. Ante la demora, la exsenadora promovió al menos nueve urgimientos para solicitar una resolución definitiva de la Corte Suprema.
La expectativa política se concentra ahora en la posición final del ministro César Diesel, cuyo voto sería determinante para definir el expediente. Mientras tanto, el debate ya dejó de limitarse a una disputa parlamentaria y pasó a instalarse como una discusión sobre límites constitucionales, equilibrio de poderes y cumplimiento de sentencias judiciales en Paraguay.
La definición del caso podría marcar un precedente institucional relevante para futuras controversias vinculadas a pérdida de investidura, control judicial sobre decisiones parlamentarias y alcance de las mayorías políticas dentro del Congreso Nacional.
Periodista Senior