La Corte Suprema de Justicia mantiene sin resolución diversos incidentes procesales que impiden el avance de la causa penal contra el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich Mojoli, y su esposa, María Rosa Araujo Gubetich, acusados por el Ministerio Público por presunta estafa y lavado de dinero. La querella sostiene que el expediente permanece inmovilizado desde febrero de 2025, pese a que la acusación fiscal fue presentada en junio de 2024.
¿Por qué la causa contra Andrés Gubetich continúa sin avanzar?
La querella adhesiva solicitó a la Corte Suprema de Justicia resolver los incidentes pendientes para permitir la realización de la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si los acusados enfrentan o no un juicio oral y público.
El abogado José Fernández Zacur, representante del querellante adhesivo Eustacio Rojas Alegretti, cuestionó la prolongada demora judicial y afirmó que la situación resulta incompatible con una administración eficiente de justicia. Según sostuvo, mantener paralizado un expediente durante tantos meses por recusaciones y recursos incidentales afecta la credibilidad institucional del sistema judicial.
Para la querella, la inactividad procesal también vulnera el derecho de la víctima a obtener una respuesta dentro de un plazo razonable, principio reconocido por el ordenamiento jurídico paraguayo y por estándares internacionales de debido proceso.
¿Cuál es la acusación presentada por el Ministerio Público?
La investigación está a cargo del fiscal Marcial Machado, mientras que el proceso se tramita ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, dirigido por el juez Humberto René Otazú.
De acuerdo con la acusación fiscal, el presunto perjuicio patrimonial asciende a US$ 2.358.000, monto que habría afectado al cirujano plástico Eustacio Rojas Alegretti, quien participa en la causa como víctima y querellante adhesivo.
El expediente está caratulado como «Andrés Manuel Gubetich Mojoli y María Rosa Araujo Gubetich s/ Estafa y Lavado de Dinero», proceso que ya cuenta con requerimiento conclusivo del Ministerio Público desde junio de 2024, pero que aún no pudo superar la etapa preliminar.
¿Qué recursos mantienen detenido el expediente?
Luego de la convocatoria a audiencia preliminar, la defensa del exdirector del IPS presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio.
La reposición fue rechazada el 6 de enero de 2025, por lo que el expediente pasó al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.
Sin embargo, antes del estudio de la apelación fueron promovidas recusaciones contra las camaristas Claudia Criscioni y Silvana Raquel Luraghi. Posteriormente, ya en la Sala Penal de la Corte Suprema, también fue recusado el ministro Manuel Ramírez Candia, lo que suspendió nuevamente el tratamiento del caso.
En paralelo, Andrés Gubetich promovió una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Fiscalía General del Estado que designó al fiscal Marcial Machado para formular el requerimiento conclusivo. Esa acción continúa pendiente ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, agregando otro frente procesal que impide el avance de la causa.
¿Qué impacto institucional genera la demora judicial?
Más allá del proceso penal específico, el caso vuelve a instalar el debate sobre la capacidad del sistema judicial paraguayo para resolver procesos complejos vinculados con presuntos hechos de corrupción y delitos económicos.
La prolongación de incidentes procesales sin resolución definitiva genera cuestionamientos sobre la eficiencia de la administración de justicia, especialmente cuando ya existe una acusación formal presentada por el Ministerio Público.
En investigaciones de alto impacto económico, los retrasos también inciden en la percepción de seguridad jurídica, un factor observado por organismos internacionales, inversionistas y entidades que monitorean el funcionamiento del Estado de derecho en Paraguay.
Además, la utilización sucesiva de recusaciones, apelaciones e incidentes constitucionales vuelve a poner en discusión el equilibrio entre el ejercicio legítimo del derecho a la defensa y la necesidad de evitar dilaciones excesivas que afecten la tutela judicial efectiva.
Aspectos centrales del expediente:
- Acusación fiscal presentada en junio de 2024.
- Perjuicio patrimonial investigado: US$ 2.358.000.
- Expediente paralizado desde febrero de 2025.
- La audiencia preliminar sigue sin fecha.
- Persisten recusaciones y una acción de inconstitucionalidad pendientes de resolución.
¿Qué espera ahora la Corte Suprema en el caso Gubetich?
La continuidad del proceso dependerá de que la Corte Suprema de Justicia resuelva las recusaciones e incidentes pendientes tanto en la Sala Penal como en la Sala Constitucional.
Hasta que esas decisiones sean adoptadas, la audiencia preliminar no podrá realizarse y continuará suspendida la definición sobre si el expresidente del IPS y su esposa deberán enfrentar un juicio oral. El desenlace de estas resoluciones será determinante no solo para esta investigación, sino también para la percepción sobre la capacidad del sistema judicial paraguayo de tramitar, con plazos razonables, procesos relacionados con presuntos delitos económicos y de corrupción.
Periodista Senior