La empresa británica Atome PLC, que proyecta instalar en Villeta una planta de fertilizantes de bajas emisiones con una inversión de US$ 665 millones, notificó formalmente al Estado paraguayo una controversia vinculada a las condiciones energéticas de su proyecto. La compañía otorgó un plazo de tres meses para buscar una solución antes de avanzar hacia un eventual arbitraje internacional.
Atome se especializa en proyectos que utilizan energía renovable para producir hidrógeno verde y derivados destinados a fertilizantes. La compañía eligió Paraguay por la disponibilidad de electricidad hidroeléctrica y proyectó en Villeta una planta capaz de producir alrededor de 260.000 toneladas anuales de fertilizantes, con operaciones previstas desde 2028.
La energía es una pieza central del negocio. La planta fue diseñada para utilizar hasta 145 MW de electricidad renovable y, según estimaciones de la propia empresa, este insumo representa entre 60% y 70% de sus costos de producción. Por eso, las condiciones y el precio del suministro eléctrico terminaron convirtiéndose en el centro de una controversia que ahora amenaza con salir de Paraguay y llegar a una instancia internacional.
¿Por qué Atome abrió una controversia contra Paraguay?
El conflicto escaló el 17 de septiembre, cuando Atome PLC, mediante el estudio internacional White & Case LLP, notificó al Estado paraguayo su intención de someter eventualmente el caso a arbitraje bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Reino Unido y Paraguay.
La empresa sostiene que desarrolló durante varios años su proyecto sobre la base de un marco regulatorio y de decisiones adoptadas por instituciones paraguayas que incidían directamente en las condiciones de suministro eléctrico. Sobre esa estructura, afirma, comprometió recursos y avanzó en el financiamiento de la planta.
El proyecto ya había superado varias etapas antes de que estallara la controversia. Atome había firmado acuerdos vinculados al suministro energético, obtenido permisos para avanzar con la instalación y cerrado compromisos comerciales para colocar su futura producción. También contrató a Casale para la ingeniería y construcción de la planta por US$ 465 millones y alcanzó un acuerdo con Yara International para la compra de su producción.
La controversia, por tanto, aparece cuando Villeta ya había pasado de ser una propuesta preliminar a un proyecto industrial con contratos, proveedores y potenciales financiadores internacionales involucrados.
¿Qué cambió el Gobierno en las tarifas eléctricas?
El punto de quiebre llegó en junio, cuando el presidente Santiago Peña decidió dejar sin efecto los decretos 5306, 5307, 5860 y 5861, relacionados con las condiciones aplicables a las denominadas industrias convergentes.
Ese esquema estaba dirigido a actividades caracterizadas por un consumo intensivo de electricidad, entre ellas centros de datos, inteligencia artificial, hidrógeno verde y proyectos de Energía a X. El Gobierno argumentó que la revisión buscaba garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico y utilizar la energía disponible para impulsar industrias que generen mayor valor agregado y empleo en Paraguay.
La discusión adquirió además una dimensión interna. El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) cuestionó las condiciones otorgadas a Atome y calificó su contrato como privilegiado. Su secretario general, Adolfo Villalba, sostuvo entonces que la tarifa técnica de la estatal eléctrica rondaba los US$ 44 por MWh.
El entonces presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, introdujo, sin embargo, una diferencia relevante: aseguró que Atome había firmado su contrato en 2022, antes de los decretos posteriormente derogados, y que continuaba con una tarifa de aproximadamente US$ 33 por MWh en 220 kV.
Ese punto será central para determinar el alcance real de la controversia. No se trata únicamente de establecer qué decretos fueron eliminados, sino de identificar qué condiciones concretas tenía aseguradas Atome, cuáles dependían de esas normas y qué compromisos pueden considerarse protegidos por el tratado bilateral de inversiones.
¿Por qué la electricidad define la viabilidad del proyecto?
Para entender el conflicto es necesario observar qué pretendía producir Atome en Paraguay. La planta de Villeta utilizaría electricidad renovable para obtener hidrógeno verde mediante electrólisis del agua. Ese hidrógeno sería utilizado posteriormente en la cadena industrial para fabricar fertilizantes nitrogenados con menores emisiones que los producidos mediante procesos convencionales basados en combustibles fósiles.
Esto convierte a la electricidad prácticamente en una materia prima del proyecto. Una variación importante en su precio puede modificar los costos futuros de producción y, por extensión, las condiciones financieras bajo las cuales bancos e inversionistas evalúan aportar cientos de millones de dólares.
Atome sostiene precisamente que determinadas decisiones adoptadas por Paraguay alteraron el marco sobre el cual había estructurado Villeta. Esa es, por ahora, la posición de la empresa y no una conclusión establecida por un tribunal.
El Estado tendrá la posibilidad de controvertir esos argumentos si el caso llega a una instancia arbitral. Entre otras cuestiones, deberá determinarse hasta dónde alcanzaban las garantías otorgadas a la compañía y cuál es el margen del Gobierno paraguayo para modificar su política energética sin vulnerar obligaciones asumidas frente a una inversión extranjera.
¿Paraguay ya enfrenta un arbitraje internacional?
No. La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que recibió una comunicación en la que Atome informa sobre la existencia de una controversia y plantea la posibilidad de iniciar acciones legales en el futuro.
La institución aclaró expresamente que “a la fecha, no existe una demanda ni un arbitraje iniciado contra el Estado paraguayo por parte de Atome”.
Lo que comenzó es una etapa previa. La compañía concedió al Estado tres meses para buscar una solución amistosa antes de activar el mecanismo contemplado en el tratado bilateral de inversiones entre Paraguay y Reino Unido.
Si las negociaciones fracasan, Atome anunció su intención de llevar el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo perteneciente al Grupo Banco Mundial especializado en controversias entre Estados e inversionistas extranjeros.
Tampoco existe hasta ahora un monto de indemnización que pueda presentarse como una obligación potencial concreta para Paraguay. Los US$ 665 millones corresponden al valor de inversión anunciado para el proyecto, no a una demanda contra el Estado. Una eventual reclamación económica deberá ser determinada y fundamentada por la empresa si efectivamente inicia el procedimiento.
¿Qué puede implicar el caso para las inversiones en Paraguay?
La controversia trasciende el contrato eléctrico de una sola compañía porque coincide con la estrategia del Gobierno de Santiago Peña de utilizar el excedente de energía hidroeléctrica como herramienta para atraer industrias de alto consumo y mayor valor agregado.
Paraguay busca convertir una ventaja histórica —su disponibilidad de electricidad renovable— en una plataforma para captar inversiones en tecnología, centros de datos, hidrógeno verde y producción industrial. Para proyectos de cientos de millones de dólares, sin embargo, el precio de la energía y la estabilidad de las condiciones contractuales forman parte de las variables que determinan las decisiones de inversión.
Eso no significa que modificar una política energética constituya automáticamente una vulneración de la seguridad jurídica. El Estado conserva capacidad para cambiar regulaciones y políticas públicas. La cuestión jurídica será determinar si las medidas adoptadas en este caso afectaron derechos o compromisos específicos protegidos por el tratado de inversiones.
La controversia también adquirió una dimensión diplomática. Atome informó sobre el procedimiento al Gobierno del Reino Unido y a representaciones de Estados Unidos, Francia, Alemania y la Unión Europea en Paraguay, trasladando el conflicto al radar de países y organismos vinculados con inversión y cooperación internacional.
¿Qué se juega Paraguay durante los próximos tres meses?
El primer escenario no será un tribunal, sino una negociación. Paraguay y Atome disponen de tres meses para intentar resolver sus diferencias antes de que la compañía pueda avanzar con el arbitraje anunciado.
Para el Gobierno, la discusión implica conciliar dos objetivos que forman parte de su propia estrategia económica: definir cuánto debe pagar una industria intensiva por la electricidad paraguaya y preservar condiciones suficientemente previsibles para atraer inversiones internacionales de largo plazo.
Para Atome, el resultado determinará las condiciones bajo las cuales puede continuar un proyecto de US$ 665 millones cuya estructura depende directamente del costo energético.
La controversia de Villeta se convierte así en un caso concreto sobre una discusión de mayor alcance para Paraguay: cómo utilizar su energía como herramienta de industrialización y, al mismo tiempo, modificar su política tarifaria sin generar disputas sobre los compromisos asumidos con inversionistas extranjeros.
