La semana pasada, Karim Salum, empresario local, fue beneficiado (supuestamente junto a otras tres personas) a cumplir la cuarentena en su hogar. Esto tras retornar el pasado miércoles desde los EE.UU con otros 155 connacionales. El mismo se habría presentado a trabajar a su oficina por lo que habría incumplido con la cuarentena obligatoria establecida por el Gobierno.
Lo llamativo del caso, es que para no cumplir con los protocolos de quedarse en uno de los albergues sanitarios establecidos por el estado para prevenir el Covid19, al igual que los demás paraguayos que llegan del extranjero, este argumentó su edad avanzada (aunque solo tenga 50 años) y que esto lo ponía en una situación de vulnerabilidad para cumplir la cuarentena en dichos establecimientos. Esto generó polémica por un supuesto caso de tráfico de influencias a su favor.
El beneficio habría sido intermediado por la Fiscala Sandra Quiñonez. Si se comprueban los hechos de tráfico de influencias de la funcionaria pública, amerita un juicio político.
El abogado constitucionalista Juan Kohn, señaló que esto se produce por dos motivos, uno por realizar un hecho punible y dos el mal desempeño de sus funciones, si se comprueban los hechos. “Perfectamente cabe un tráfico de influencias si se comprueban las acusaciones”, señaló.
Marcelo Duarte, también abogado constitucionalista, por su parte señaló que la clave de la investigación será comprobar que si la fiscal general dio la orden a Teresa Sosa, si actuó por cuenta propia o si exageró con la directriz que le dieron. La investigación solo puede dar una de estas tres alternativas explicó.
«Si se confirma beneficio a Karim, amerita un juicio político», según juristas
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