No pierdan el tiempo legislando sobre lo que ya está legislado
Ya hemos sostenido en numerosas ocasiones que el Congreso padece de legislatitis crónica. Eso significa que produce más leyes de las que realmente se necesitan, sobre todo cuando intenta regular cosas que no necesitan ser reguladas. Por ejemplo, lo que se intenta hacer preparando una ley de manejo integral del fuego, una legislación que atrasa al menos 20 años porque el campo paraguayo ha pasado a otro nivel de desarrollo que no reserva al fuego ningún papel protagónico desde el punto de vista de la producción.
En sus considerandos, el proyecto dice que “durante la última década -el proyecto está datado en noviembre de 2019- muchas regiones del mundo, (sic) incluida nuestro país, han experimentado una tendencia creciente en la aplicación excesiva del fuego en los sistemas de uso y cambios de uso de las tierras con la existencia creciente de incendios extraordinariamente graves”. Este enfoque domina todo el tenor del proyecto y llega a conclusiones totalmente erróneas porque el fuego es, para la agricultura y la ganadería actuales, un flagelo y no un elemento útil a la producción, ya que destruye el suelo y mata la biodiversidad que alberga.
Es más: un incendio en un campo preparado para la siembra directa equivale a la pérdida de millones de guaraníes de inversión en abonos verdes y cobertura, elementos aliados indispensables para la conservación de humedad útil para la producción de rubros agrícolas y de pastizales para la ganadería.
El fuego está asociado hoy en día a actividades ilícitas, en especial la tala indiscriminada de bosques nativos para la venta ilegal de rollos maderables, la conversión en carbón de especies menores y el rozado (quema masiva) de masa vegetal residual a fin de habilitar tierra para el cultivo de marihuana. Según estimaciones no oficiales, existen en la región Oriental unas 22.000 hectáreas de plantaciones de marihuana, todas producto del arrasamiento y quema de las ultimas reservas de bosque Atlántico, algo prohibido por la ley 6.256 “de deforestación cero”, por la ley de prevención y control de incendios rurales N° 414 -promulgada en junio de 2010- y por la ley forestal 422, que tiene más de 40 años de vigencia.
Señores congresistas, dejen de perder tiempo y dinero legislando sobre lo que ya está legislado. Hay otras necesidades.
