El juez Gustavo Amarilla fue recusado por la defensa de Ángel Antonio Flecha, uno de los detenidos en proceso de extradición al Brasil, argumentando que el magistrado fue designado como camarista.
La defensa del extraditable sostiene que el juez hoy recusado, quien ocupa actualmente un cargo de juez garantista, fue designado camarista “en la misma naturaleza funcional y jurisdiccional, es decir, ya con conocimiento y en forma tácita cumple una función de mayor jerarquía pendiente a juramento en el mes siguiente entrante, por lo que suponemos que existe una situación que afecta su imparcialidad o independencia, lo que quebranta la seguridad jurídica tan pregonada en todas las legislaciones de carácter mundial.
En el marco del proceso de extradición, 14 personas fueron notificadas, dos de las cuales presentaron excepción de inconstitucionalidad, mientras que la capitana Josefina Cuevas pidió la revisión de medidas.
De los dos que no contestaron, el procesado Victorino Gómez se acogió al proceso de extradición abreviada.
Antecedentes
De acuerdo a las autoridades de Paraguay y Brasil, desde el año 2020 se venía siguiendo un esquema de ingreso ilegal de armas al país vecino desde Europa, comercializadas prioritariamente a grupos criminales del país vecino, a partir de un procedimiento efectuado en el estado de Bahía.
La empresa International Auto Suply (IAS) con asiento en Asunción, es la principal en la mira, propiedad de Diego Dirisio y Julieta Nardi, ambos prófugos. La empresa en cuestión mediante sus conexiones con DIMABEL, importaban armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápidas autorizaciones para la importación y posterior venta.
Los lotes de armamentos eran adquiridos por intermediarios con conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil; para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de 2 a 3 armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchos de ellos empleadas, jornaleros o estudiantes. En algunos casos, estos recibían pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra, y en otros eran utilizadas sus identidades sin consentimiento.
Antes de enviar al Brasil, se procedía al borrado de los números de serie de las armas para evitar el rastreo y trazabilidad. Desde el año 2012, dicha empresa ya importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidas en nuestro país, sin embargo van a parar a los polos de violencia del crimen organizado en Brasil y toda la frontera.
Fuente: El Observador Py
