Hugo Ramírez, diputado nacional por la ANR (oficialista), e integrante de la Comisión Nacional de Lavado de Dinero (CBI), instó a funcionarios públicos y empresarios que son sospechados de lavado de dinero a desmarcarse de sospechas de lavado de dinero cuando son convocados ante la CBI.
Esto, tras la negativa de algunos empresarios como José Ortiz, presidente de Tabesa y el diputado Erico Galeano, titular de la Tabacalera Hernandarias de declarar ante dicha comisión.
“Esta es la gran oportunidad para que los empresarios y funcionarios públicos sospechados de lavado de dinero se desmarquen por completo. Hoy estamos ante falsos emprendedores que generan burbujas que son infladas con dinero del lavado y terminan encareciendo todo posteriormente generando pobreza”, expresó.
Señaló que un porcentaje importante de la población no tiene acceso a créditos accesibles y ágiles. Mientras tanto un grupo selectivo disfruta de millones que no pasan por los controles legales comprometiendo al sistema financiero.
“El lavado de dinero genera una competencia desleal. Una persona que respeta la ley debe pasar por procesos tediosos. Esto con el tiempo termina desanimando la inversión. La única respuesta para salir adelante es participar del crimen organizado”, manifestó.
Cuestionó que el contrabando de cigarrillos se califica como un problema del Brasil, pero que en realidad, el lavado posterior de activos de las ganancias no figura en la renta de esa gente.
“Por una parte existe evasión y esos millones se podrían haberse destinado a salud y educación. Además, perdemos un estatus que nos permita negociar con los otras naciones. Otra gran falacia es que el Gobierno no hizo nada. Existe una organización instalada con el fin de eliminar las barreras, además de estar enquistada y ser trasversal a todas las instituciones”, mencionó.
Lamentó que la Fiscalía solo castigue a sus rivales políticos. Y que cuando las autoridades del BNF inician un proceso para proteger la salud financiera ante el mundo, para evitar sanciones que perjudiquen a la ciudadanía, sea acusada de cometer una persecución política.
