Los recientes incidentes del Congreso, aunque con nuevos motivos, parecen una historia repetida en el mismo lugar de siempre, con actores similares y resultados cantados. Esta vez, la mal llamada “ley anti invasión” fue el detonante de un problema que a todas luces se arrastra desde hace tiempo: una reforma agraria muy presente en discursos políticos, planes y promesas, pero inexistente en la realidad de muchas familias del campo.
Pero vamos por lo primero. Los incidentes de las plazas fueron el final de una película que se escribía desde hace tiempo con protagonistas conocidos, entre ellos potentados líderes “sin tierras” y arreadores de multitudes; aprovechándose de la pobreza en que viven algunos gestionan y financian manifestaciones y usan a familias indígenas con mujeres y niños como carne de cañón. Los mantienen en Asunción por semanas hasta que sus líderes obtengan lo que piden. La tensión venía en aumento desde hace tiempo y no se tomaron previsiones. La policía actuó y el resultado fue visible, incluso con millonarios daños a terceros. Por otro lado, están los parlamentarios que también hacen la vista gorda ante la emergencia que se vive en el campo.
Muy pocos sectores escuchan a campesinos e indígenas que plantean verdaderos problemas más allá de lo ideológico: las escuelas se caen a pedazos, los centros de salud son precarios, hay comunidades sin caminos de todo tiempo, la oferta para la mano de obra en el interior es cada vez más escasa y el futuro económico es muy poco alentador, especialmente después de la pandemia.
¿Quiénes ganan? Los verdaderos jugadores son los líderes y también los que hacen lobby. La precaria condición en que viven los arreados poco les importa y probablemente no sea una situación que vaya a cambiar en un futuro inmediato.
