Por lo general, la expresión comunidad educativa suele ser un recurso dialéctico al que se apela durante los debates sobre la educación y sus actores naturales. Pero aquí y ahora, la comunidad educativa se bajó de la teoría y pisó la práctica pura y dura. Lo está demostrando una organización de padres de alumnos de una institución pública de Limpio que desechó la simple queja al aire, reunió US$ 1.200 y compró un detector de metales que ya está emplazado y activado a la entrada de la institución. Un reflejo rápido, eficiente y práctico menos de 72 horas después de producido el hecho desencadenante, el asesinato a puñaladas de la directora Sofía Rodríguez de Cristaldo. Tal vez no alcance para prevenir nuevos intentos pero es un paso concreto en la dirección apropiada.
Los padres reaccionaron como correspondía, sin temor alguno a potenciales críticas de ahora en adelante. El orden y la disciplina son componentes esenciales de la vida escolar. Su ruptura tiene –debe tener– consecuencias concretas en la evaluación de cada alumno, la que no se limita a su desempeño curricular sino que se extiende a su capacidad de encajar en los demás órdenes de la vida en sociedad.
La comunidad parental está haciendo su parte. Ahora falta que la jerarquía del Ministerio de Educación y Ciencias movilice sus estructuras para llegar al fondo de la cuestión, metiéndose sin rubor alguno en cada uno de los casos conocidos y denunciados.
¿Qué se rompió o qué faltó en el hogar del niño que llevó un cuchillo de cocina a la escuela con el cual terminó provocando una tragedia? ¿Qué tienen en la cabeza los padres de ese otro niño que llegó a clase portando un revolver que acabó disparando a escasos centímetros de una compañerita? ¿Qué filtros familiares fallaron en tantos otros casos similares en que niños de no más de 11 años llegaron a clase portando armas que serían temibles en manos adultas, cuánto más en las de un menor?
Por el momento, los casos no pasan de ser la excepción, pero una muy especial, porque cada uno de ellos encierra el alto potencial de desembocar en dramas terminales, como queda demostrado. Eso hace imprescindible que los métodos de detección temprana de desajustes de personalidad den tiempo a abortar conductas de agresividad extrema, entre ellas, el uso de armas letales.
La pelota está en el terreno del MEC. Su misión es específica y no admite vacilaciones ni contaminación política. La ley general de educación 1.264 de 1998 lo manda sin lugar a equívocos. Entre los fines del sistema educativo nacional está asegurar el pleno desarrollo de la personalidad del educando en todas sus dimensiones, con el crecimiento armónico del desarrollo físico, la maduración afectiva y la integración social libre y activa de los educandos.
Así que, a trabajar señores, hay mucho que hacer.
Y vidas que preservar.
