¿Votar a personas que pasaron por procesos judiciales, están imputadas o acusadas de algún delito pasible de pena carcelaria? Las sociedades que han puesto en práctica leyes que exigen a los candidatos a cargos electivos estar limpios de antecedentes penales se ven frecuentemente frente a dilemas como el que, por ejemplo, afectaría a Brasil en las elecciones generales de octubre próximo. Según las últimas encuestas sobre intención de voto, los brasileños se inclinarían en un 45 al 48% por Luiz Inacio “Lula” da Silva como presidente, quedando el actual mandatario Jair Bolsonaro con apenas el 32 al 34%, de acuerdo a los últimos sondeos.
A los seguidores de Lula les tiene sin cuidado que su líder haya sido juzgado en 2017 bajo los cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero, recibiendo una condena de nueve años y medio de prisión, elevada en apelación a 12 años. Con ello se configuraba la exigencia de la ley de ficha limpia que impide candidatarse a cargos electivos a ciudadanos con sentencia firme en segunda instancia. Pero en marzo del año pasado, un juez del Supremo Tribunal Federal anuló las sentencias y liberó a Lula de todos los cargos.
El enjuiciamiento de Lula y la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil vía juicio político fueron casos que popularizaron el término lawfare, generalmente entendido como guerra jurídica o instrumentación de los tribunales para borrar de escena a políticos con buenas posibilidades de ser electos para cargos de relevancia, generalmente la Presidencia de la República. Pocos presidentes se han salvado de caer bajo algún tipo de proceso judicial. La que más causas tiene abiertas es Cristina Fernández de Kirchner, que acumula un total de 11 juicios, todos por corrupción. El ex presidente chileno Sebastián Piñera sobrevivió a duras penas al juicio político que le instauró el Congreso por supuesta influencia en la venta de una propiedad familiar. Rafael Correa, expresidente de Ecuador fue juzgado y sentenciado, en ausencia, a ocho años de prisión por cargos de corrupción. Su sucesor, Lenin Moreno, ya soporta acusaciones por supuestos vínculos con empresas offshore con las que mantiene negocios.
Con semejante panorama, hablar de ficha limpia en política pasa a ser casi una tomadura de pelo. Y Paraguay no es la excepción sino la regla en sí misma, ya que con cada elección se renuevan las galerías de facinerosos y procesados.
