Durante le etapa más dura de la pandemia y aún actualmente, cuando la curva de contagios parece haber alcanzado una meseta, las autoridades sanitarias han puesto énfasis en tres factores de prevención: lavado de manos, uso de tapabocas y mantenimiento de la distancia social, evitando aglomeraciones en espacios cerrados. Esta última recomendación rige especialmente para los grupos vulnerables entre los que sobresalen los mayores de 65 años. Suena razonable, ¿verdad?
¿Y qué está haciendo el Estado al respecto? Todo lo contrario a sus propias recomendaciones. El Instituto de Previsión Social acaba de lanzar un censo de jubilados y pensionados con el fin de raspar de sus planillas todos los beneficiarios que hayan quedado “distraídamente” inscriptos aún después del fallecimiento del titular. Tal distracción sucede a veces por simple avivada de los familiares del difunto y otras porque las mafias internas que pululan por la administración pública se encargan de demorar el requiescat in pace de fallecidos sin familiares que se ocupen de comunicar la baja.
Al IPS no se le ocurrió mejor sistema, para remediar el problema, que demandar la presencia del beneficiario aún vivo en una especie de habeas corpus administrativo, es decir, que el supérstite presente su propio cuerpo ante el funcionario encargado de registrar su estado. En tiempos normales ese trámite se denominaba “fe de vida” y generaba incomodidad en personas cuya avanzada edad los obliga a luchar contra condiciones comunes para esa etapa de la vida, como dolores reumáticos e incontinencias varias.
Pero en tiempos de pandemia, es lo más cercano a una sentencia de muerte que se pueda imaginar. El jubilado tiene que “acercarse” a la oficina tal o cual, sentarse a esperar, y compartir un recinto cerrado exponiéndose a que alguien “socialice” el virus. Además, acaban de agregar otro tramite medioeval, residuo de la era colonial, llamado “certificado de vida y residencia” que otorga un uniformado cualquiera de la comisaría de cercanía.
Esperar que el Estado le haga más fácil la vida al ciudadano entrando de lleno a la era digital es una fantasía. El burócrata, por instinto de conservación, ve en el e-Government una amenaza directa. Por eso estamos a la cola de las administraciones públicas eficientes y al servicio del ciudadano, sumidos en el papeleo medioeval.
