Como si la situación asuncena no fuera espantosa con los baches del tamaño de cráteres lunares, las amenazas de reducir el Parque Botánico con un viaducto y los sobregastos en arreglos superfluos de la ciudad, la Intendencia de Asunción continúa con la contratación de una empresa internacional que cobrará una jugosa comisión por la recaudación de los impuestos en donde intervenga.
La abogada Rosa Martínez de Vacchetta informó que están peleando para que la administración del Intendente Mario Ferreiro entienda los derechos que viola la implementación de la tercerización del cobro de impuestos dentro de la comuna.
El municipio hizo caso omiso a la medida cautelar dictada el 21 de septiembre del año pasado que ordenó la suspensión de las resoluciones del contrato firmado entre la Intendencia y el Consorcio TX. Vaccheta señaló que el lunes se enteraron que la empresa de origen panameña entrará oficialmente pese al pedido de inconstitucionalidad por parte de concejales y ciudadanos asuncenos.
Con su ingreso, toda acción donde intervenga el consorcio se le estará entregando el 22,5% de la recaudación, indicó la abogada. Asimismo añadió que ninguna consultoría o instalación de software –que son las excusas que la intendencia dio- puede durar 10 años.
A casi un año de la medida cautelar de la Corte Suprema, la Intendencia de Asunción sigue peleando por la tercerización del servicio. La abogada refirió que sigue en curso la denuncia por lesión de confianza, desacato de la orden judicial y la entrega de datos presentada en julio en la Fiscalía de Delitos Económicos.
Vaccheta informó que en ciudad de Panamá existe un problema con el consorcio TX porque se quedó con la base de datos de sus ciudadanos. La Alcandía de Panamá reclama que el grupo no le devuelve los datos y temen que eso mismo le pase a la comuna asuncena. Con esa denuncia confirman lo que hace un año vienen temiendo, explicó.
“Los impuestos se pagan para administrar la ciudad nunca para sostener el lucro de una empresa privada”, manifestó. Vaccheta se cuestiona cuál es el metejón que tiene la administración de la intendencia para tercerizar a lo que dé lugar datos y recaudación de la comuna.
El concejal Orlando Fiorotto también expresó su disconformidad, y cataloga de inconstitucional la prevista contratación por 10 años, ya que la Constitución Nacional y el Código Civil refieren que los contratos de prestación de servicios nunca excederán de 5 años.
Fiorotto refirió que la Intendencia no realizó audiencias públicas para dar a conocer su intención de derivar el cobro de tributos a una empresa privada. Comisión que se pagará con el dinero de contribuyentes, “debía ser para inversión en obras de la ciudad”, indicó.
El concejal aseveró que la comuna tiene la capacidad de personal suficiente para evitar casos de evasión. “El Municipio de Asunción tiene más de 8.000 empleados y bien puede realizar el trabajo de actualización de las cartas Catastrales y evitar que sigan los morosos y evasores”.
Dispuso que la Corte Suprema tiene la última palabra en la acción de inconstitucionalidad y que la misma debe estar de lado de la ciudadanía. “Ferreiro atropella a sus contribuyentes con esta pretendida implementación de la tercerización de las recaudaciones”, sostuvo.
