La profesora jubilada Laura Mercedes Benítez García, retirada del magisterio desde 2017, se convirtió en una de las múltiples víctimas de la denominada mafia de los pagarés. En busca de justicia y asistencia legal, el pasado viernes 9 de mayo viajó desde Villarrica hasta la sede del Congreso Nacional, donde fue recibida por miembros de la Comisión Antimafia de Pagarés del Senado. Allí recibió orientación para proceder con su caso.
Sin embargo, su situación se complicó al acudir posteriormente al Ministerio de la Defensa Pública en la ciudad de Lambaré, instancia correspondiente al Juzgado de Paz donde enfrenta embargos judiciales. La profesora Benítez denunció haber recibido una atención deficiente por parte de los funcionarios, señalando en particular a la defensora pública Claudia Vázquez, de quien afirmó haber sufrido un trato negligente.
Según relató, desde la Defensoría se le impusieron trabas burocráticas excesivas, como la exigencia de presentar certificados de vida y residencia –documento que requería volver a Villarrica–, a pesar de que dichos requisitos no forman parte del procedimiento habitual para acceder al beneficio de litigar sin gastos.
Otra docente afectada, María Dominga Martínez Rodas, también denunció graves irregularidades y maltratos. En su testimonio, mencionó que tanto en la Defensa Pública como en los juzgados de Lambaré y Villa Elisa fue víctima de desidia institucional. «Me chulearon todo», expresó con indignación, detallando que perdió tiempo y dinero en traslados, y que, además, terminó con el tobillo hinchado a causa de una antigua lesión que aún arrastra.
Martínez contó que acudió en dos ocasiones a la Defensoría Pública sin obtener respuestas concretas. En una de sus gestiones, al estar por llegar al Juzgado de Villa Elisa, recibió una llamada de la defensora Claudia Vázquez indicándole que regresara a Asunción, ya que “al final sí le iban a atender”.
En el Juzgado de Lambaré, afirmó haber sido enviada de una oficina a otra sin obtener respuesta alguna. En Villa Elisa, le informaron que no encontraban sus documentos y que “verían si los hallaban” para luego avisarle.
Ambas docentes cerraron sus jornadas sin ninguna solución efectiva y con la sensación de ser revictimizadas por las instituciones encargadas de proteger sus derechos. Exigen una revisión urgente de los procedimientos administrativos y una atención más humana por parte del Estado.
Periodista Senior