Recientemente, en el marco de un análisis que realizó la Coordinadora de derechos humanos del Paraguay (Codehupy), expuso unas cuestiones que vienen siendo analizadas por varias organizaciones, y que básicamente sintetizaron en la caracterización que hacen del Estado paraguayo como un Estado que hoy día evidencia que es incapaz de garantizar el derecho a la salud y una vida digna.
“Creemos que hay una incapacidad estructural de poder generar políticas, acciones estatales, que puedan dar una cobertura de protección social en una coyuntura como ésta donde los derechos humanos están en juego”, comentó el abogado Oscar Ayala, secretario ejecutivo de la Codehupy, en charla virtual transmitida por el Facebook Live de Amnistía Internacional.
Apuntó como uno de los factores a ser revertidos, y es tema de discusión en la agenda pública, la desigualdad patente que se expresa en la falta de una justicia tributaria.
“Es evidente que no solamente esta crisis necesita recursos que el Estado paraguayo carece y tiene que apelar a préstamos internacionales, sino que en el futuro va a requerir recursos genuinos que provengan de aquellos sectores que no tributan o lo hacen muy poco a en relación a otros que sí hacen de sostén de la cuestión presupuestaria”, resaltó Ayala.
Desde la organización creen que en la ampliación de las facultades de la policía para realizar controles en el contexto del régimen de aislamiento social ha derivado prácticas que infortunadamente se vienen registrando hace mucho tiempo, de abusos policiales en los procedimientos de detención.
“En un Estado que no ha sido organizado ni estructurado en función de los derechos de la gente, una preocupación central es la crisis alimentaria que asoma, sobre el cual tiene que concentrarse las políticas públicas en el futuro si no queremos entrar en un periodo de carencias extremas”, agregó el especialista.
Po otro lado, afirmó que no se puede dejar de reconocer el gran esfuerzo de numerosos funcionarios en el ámbito del Ministerio de la Salud y del Estado que hacen lo mejor para preparar al país ante la pandemia, pero ese ejercicio de compromiso, de buena voluntad, no puede sustituir las carencia que hay estructuralmente.
LAS MEDIDAS
En cuanto a las medidas en el ámbito económico y social implementadas por el Estado ante esta crisis, Ayala expresó que no tienen un carácter integral y están concentradas en una cuestión económica que apunta básicamente a oxigenar de vuelta a los sectores económicamente privilegiados con una pata débil en la protección de aquellos trabajadores que están siendo victimas de despido o cuentapropistas que no pueden acceder a sus actividades para tener ingresos.
“Siguen teniendo un déficit importante en relación a los sectores más necesitados y deberían tener políticas para protegerles contra el despido, el hambre, en una coyuntura de parálisis económica importante”.
También se refirió a la carencia de personal médico entrenado para las terapias intensivas y el problema de cobertura para proveer de agua potable a la población del país que tiene como antecedente la corrupción, la falta de inversión, de priorización de un tema sensible.
Destacó que el Estado tiene poca capacidad a la hora de mirar más en detalle a la población para establecer políticas particulares y hace que la atención de las organizaciones de la sociedad civil sea puesta de relieve para atenderlas particularmente.
“Los derechos humanos no son absolutos, pueden ser limitados o restringidos en determinados momentos. En el ámbito judicial y de las decisiones gubernamentales hay muchas que tienen que ver con valorar diferentes derechos que pueden ser válidos desde un punto de vista formal, pero que se tiene que tomar la decisión que consiste en limitar un derecho y favorecer otro. Más allá de los derechos personales que se ven limitados por una cuarentena o por la restricción a la circulación, se da en el contexto social en que el Estado busca limitar determinados derechos en función del interés social y está autorizado a limitar derechos en la media de que estos tengan un respaldo legal, y persigan un objetivo legítimo para proteger a la sociedad en todo su conjunto”, concluyó Ayala.
