En el trepidante thriller “El contador”, el protagonista encarnado por Ben Affleck recibía, en pago por sus servicios de asesino a sueldo, obras de arte de valor inestimable tales como pinturas de Pollock o lienzos de grandes maestros como Monet o Toulouse Lautrec. También le pagaban con valiosas colecciones de comics de los años ‘20 y ’30 y objetos de oro y piedras preciosas.
El ejecutor guardaba esos activos en un tráiler con el que podía moverse con rapidez, sin dejar huellas y fuera del alcance del Departamento del Tesoro o del FBI.
Repasando la declaración patrimonial de la saliente presidenta del ente petrolero estatal nos vino a la mente –salvando profesiones, naturalmente- el thriller citado, ya que entre sus bienes personales, la ex funcionaria citó cerca de Gs. 2.500 millones en joyas y obras de arte. Hay que tener ingresos muy altos para poder destinar semejante cantidad de dinero a la compra de objetos tan valiosos como prescindibles. ¿O serán una forma de pago de honorarios profesionales?
Objetos y comparaciones aparte, lo cierto es que a muchos funcionarios públicos no les cierran ni sus cuentas en blanco, no digamos ya el patrimonio que podrían estar ocultando. ¿Cuál es el origen de tan inmensas fortunas, cómo las justifican? La respuesta es el silencio porque no tienen cómo hacerlo.
Por eso, cuando se generalizó la obligación de la declaración jurada de bienes personales para funcionarios públicos, estos peces gordos se hicieron fabricar una puerta cancel en la Contraloría General de la República que asegurara el secretismo de dichas declaraciones. Incluso la CGR tiene en la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad para cerrar el paso a la publicación de más de 2.000 declaraciones juradas de diputados, senadores, intendentes y otros altos cargos públicos.
Saben a lo que se exponen. Las pocas declaraciones a las que se tuvo acceso, orden judicial mediante, exudan irregularidad, transparentan indecencia, muestran crecimientos patrimoniales tan descomunales como injustificables.
La declaración jurada de bienes es la herramienta más eficiente para establecer la consistencia entre el estado patrimonial de cada funcionario al momento de entrar al servicio del Estado y su evolución a lo largo de su carrera.
Por eso el secretismo, por miedo a las incongruencias.
