El numerito de circo protagonizado el martes pasado por los diputados nos permite deducir que el festival de derroche va a seguir aún por mucho tiempo. La pandemia devoradora de recursos no le mueve un pelo a los honorables que se burlan alevosamente de la opinión pública.
La única herramienta que tiene el ciudadano para reaccionar contra estos abusos de poder es la denuncia y la pública exposición de desaguisados administrativos perpetrados en el Presupuesto General de la Nación.
Un Estado famélico, llevado al límite por una epidemia altamente destructiva, no puede seguir dándose el lujo de mantener oficinas, direcciones o institutos que demuestran su absoluta inutilidad. Por ejemplo, el INDI. Hay comunidades originarias que dependen de la Secretaría de Emergencia Nacional para recibir kits de alimentos. ¿En que se emplean entonces los Gs. 65.300 millones que el INDI se lleva este año si no le alcanza ni para darles de comer a sus protegidos?.
Otra: ¿Alguien puede decir en qué lo ha ayudado la Defensoría del Pueblo? Pues bien, nos cuesta a todos Gs. 13.200 millones. Otro órgano abstruso, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Mantenerlo insume Gs. 5.000 millones al año. ¿Algún salvado de la tortura puede dar fe de que le ha sido útil?
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) lleva años no pudiendo ni censar sus propias colonias, sin despejar el estado legal de millones de hectáreas y mintiendo sobre el verdadero número de “sujetos de reforma agraria”. Sin embargo, devora al año Gs. 160.000 millones del PGN.
La Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) se traga cada 12 meses más de Gs. 48.500 millones presupuestarios. ¿Alguien ha percibido cambios en el tránsito de vehículos, pasajeros y cargas en ciudades y rutas del país? Lo poco que hay de positivo se comprueba en el puñado de municipios que pudieron poner orden. El resto, incluida Asunción, el caos es la norma.
Son solo unos pocos ejemplos de organismos de segunda y tercera categoría. Pero ahí nomás hay más de Gs. 300.000 millones cuyo gasto cuesta justificar. La administración del Estado rebosa de oficinas tan innecesarias como caras. No habría que dudar en repensar su existencia y reasignar sus recursos.
