Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), imputaron por lesión de confianza, asociación criminal y declaración falsa a Karina Elizabeth Mazacotte, funcionaria del departamento de Control Interno de la Gobernación Central.
El informe del Ministerio Público menciona que entre los meses de agosto del 2020 y mayo del 2021, Karina Elizabeth Mazacotte, le habría encargado a Modesta Valiente Escobar pagarle a algunos funcionarios “por transferencia” y solicitarles que emitan sus facturas a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional, así como de otras oenegés con las que operaba la Gobernación Central.
Estas facturas posteriormente habrían sido utilizadas para justificar los desembolsos de los fondos para la reactivación económica a causa de la emergencia sanitaria declarada por ley, efectuados por la Gobernación del Departamento Central a favor de la Fundación Centro Integral.
La Fiscalía dispuso el arresto de la mujer, como medida cautelar. El departamento de Control Interno depende de la Dirección de Administración y Finanzas. El titular de esta dirección es Javier Rojas, quien también está imputado y con prisión domiciliaria.
CONTEXTO
En noviembre, Rodrigo Estigarribia, Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, imputó a Hugo Javier González y otras 14 personas por la supuesta malversación de G. 5.105 millones que la gobernación debía destinarlos a la mitigación de la pandemia.
Sin embargo, en diciembre fue “blindado” en la Cámara de Diputados cuando se analizó su pedido de interpelación.
A mediados de diciembre, con 42 votos en contra, 31 votos a favor y siete ausentes, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central, administrada por González.
El argumento del bloque de legisladores colorados fue de que tras la verificación in situ, constataron que las obras realizadas con los recursos de emergencia sí existen. Atendiendo que uno de los argumentos fue justamente que se trataba de obras “fantasmas”.
Con esto, quedó sin efecto la posibilidad que un interventor externo administre la gobernación por tres meses e investigue, a la par, si las documentaciones existentes coinciden con las obras ejecutadas.
ACTUALIDAD DEL CASO
El pasado 4 de febrero, Hugo Javier González, se presentó para su declaración indagatoria. En la ocasión, su abogado mencionó a los comunicadores presentes que nunca se produjeron pagos por obras fantasmas, tampoco falsa facturación ni doble facturación.
“Está todo documentado, no hagamos de esto algo mediático. No tengo ninguna prohibición de acercarme a la Gobernación, sigo trabajando ahí y lo voy a hacer hasta el último día que sea gobernador”, afirmó Andrés Casati.
