Es hora de revisar cómo se gasta en vez de pedir más dinero
El secuestro con fines extorsivos ya no es una rareza en el Paraguay. Ha dejado de serlo con el comienzo del siglo y se ha profundizado en los últimos años.
La definición de secuestro no deja lugar a dudas sobre su finalidad: retener contra su voluntad a una persona a fin de obligar a allegados de la víctima a pagar fuertes sumas por su liberación o correr el riesgo de que sea asesinada. En el Paraguay todavía hay personas que permanecen en una suerte de “animación suspendida” sin que se sepa realmente si aún viven o si han sido ejecutadas y sus restos sepultados sin saberse donde. Todos estos hechos se atribuyen a una organización autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo, patronímico que insinúa la naturaleza presuntamente guerrillera, combativa y reivindicatoria de sus integrantes. Sin embargo, su modus operando indica más bien la calidad de mano de obra armada del narcotráfico, que se beneficia con el clima de terror e inseguridad que plantea su accionar, creando una zona liberada que coincide, “casualmente”, con la ruta bioceánica de la cocaína y con las zonas de mayor producción de marihuana local.
La práctica de obligar a las familias de los secuestrados a repartir víveres entre comunidades vulnerables deja en claro que la fuente de recursos de dicha banda no es el secuestro extorsivo sino su participación en los enormes beneficios del trafico de estupefacientes. Los rescates en especies son más bien inversión en marketing para ganar algunos puntos a favor en la opinión pública.
De todas maneras, tenga la naturaleza que tuviere, el secuestro extorsivo es un delito que provoca enormes daños a la economía. Los países que lideran este sombrío palmarés son Perú con 2,26 secuestros por cada 100.000 habitantes, seguido por Venezuela con 1,98, México con 1,53, Chile con 1,50 y Bolivia con 1,02.
El Paraguay exhibe una tasa de 0,03 secuestros por cada 100.000 habitantes. El hecho de que México exhiba una tasa infinitamente mayor que la paraguaya y tenga la segunda economía de América Latina habla a las claras de que este delito impacta mucho mas en economías más pequeñas y vulnerables.
Es evidente que la política nacional deberá ponerse de acuerdo en revisar el gasto del 5,5% del PGN en dos ministerios vinculados a la seguridad. Y en vez de aumentar el cuánto, que es lo que hoy se pide, es hora de revisar la eficiencia del gasto.
Cuanto antes.
