La iniciativa popular constituye un derecho consagrado en el artículo Nº 123 de la Constitución Nacional y faculta a los electores a presentar de forma directa proyectos de ley ante el Congreso, sin necesidad de que un parlamentario deba “apadrinar” la iniciativa.
No obstante, en 30 años de vigencia de la legislación, ni una sola ley nació a partir de la iniciativa popular, que está garantizado en la Carta Magna. Esto se debe principalmente a los inconvenientes de logística e, incluso, económicos que implica la recolección de firmas holográficas para presentar proyectos de iniciativa popular.
Anteriormente, el Tribunal Electoral establecía que se requería la recolección de una cantidad de firmas equivalente al 2% del padrón. Como requerimiento, se necesitaban unas 100.000 firmas para que un proyecto de ley llegue hasta el Congreso por medio de la iniciativa popular.
Desde hace más de cinco años, jóvenes universitarios y el exviceministro de Educación, Robert Cano, vienen recolectando firmas con el propósito de presentar una iniciativa para modernizar los procedimientos para la iniciativa popular, apuntando a la utilización de firmas electrónicas.
A partir de la promulgación de la ley 6922, se redujo al 1% del padrón nacional, unas 44.000 aproximadamente, la cantidad de firmas mínimas requeridas para promover leyes mediante “iniciativa popular”.
Esta reducción permitió que ayer los propulsores presentaran finalmente el proyecto “De modernización de los procedimientos para la iniciativa popular”, tras una descripción de sus objetivos en la Cámara de Diputados.
FORTALECER LA DEMOCRACIA
El periodista y abogado Benjamín Fernández Bogado acompañó la presentación de la iniciativa al Congreso y aseguró que este proyecto se convertirá en una fórmula para devolver a la población paraguaya el entusiasmo por la democracia .
“La ley Cano es la rebeldía contra un modelo que ha venido deteriorando el esquema democrático y acelerado la nostalgia autoritaria. Esta es una oportunidad para que los demócratas del Paraguay a través de un sistema sencillo puedan participar de las cuestiones democráticas de manera más directa y abierta”, recalcó.
Asimismo, Fernández Bogado señaló que este proyecto apareció cuando la “crisis de la representación comenzaba a aparecer de forma contundente y clara”.
“Veíamos que el Congreso no respondía y se dedicaba a intereses sectoriales que habían colocado sus representantes. Corría el riesgo de hacernos retrotraer a los tiempos en que la gente decía que con la dictadura vivíamos mejor”, añadió.
A partir de la modernización de la iniciativa popular, los paraguayos tomarán conciencia de que la democracia les pertenece, y no solo a la representación política partidaria, indicó el periodista.
“Ahora tenemos la posibilidad de que con este proyecto de iniciativa popular nosotros entendamos que todos debemos ser al mismo tiempo actores centrales para mejorar los tres poderes del Estado”, concluyó.
SIN IMPEDIMENTOS
Durante la presentación del proyecto de ley, Rober Cano reconoció principalmente la labor de los estudiantes para la realización del proyecto, que inició en el 2017.
Además, el exviceministro de Educación recordó que actualmente se disponen de marcos legales vigentes como el de “Servicios de Confianza”, que otorgan las atribuciones legales para poder incluir las firmas electrónicas como mecanismos para la presentación de iniciativas populares.
“No existe impedimento jurídico ni técnico para la utilización de las firmas electrónicas”; destacó.
Finalmente, Cano concluyó que el proyecto de modernización de los procedimientos para la iniciativa popular servirá para “inyectar fuerza vital a nuestra débil democracia participativa a fin de que todos los ciudadanos puedan ser parte de la construcción de una sociedad mucho más involucrada en su futuro”.
