Comentario 3×3
Por Benjamín Fernández Bogado
En cualquier país del mundo las imputaciones fiscales son cosas serias, graves y generalmente, resultado de una larga investigación que llevan adelante los que representan a la sociedad ante los hechos delictuosos y criminales. En nuestro país desafortunadamente el Ministerio Público, creado en 1992, luego de la Constituyente, no ha reflejado los verdaderos sentimientos y ánimos de los constituyentes. Se ha convertido en una herramienta al servicio de la maquinaria sistémica de corrupción que domina a gran parte del país.
Se convirtieron en sirvientes de ellos y han sido funcionales a los poderes políticos de turno. No hemos tenido hasta ahora ningún fiscal general que haya estado del lado de la gente, del lado de la sociedad, de los intereses públicos, y por el contrario, hemos visto degradada la institución a lo largo de estos años con respuesta desde la institucionalidad en favor del proceso político, y que este ha encontrado una manera de sojuzgar a dicho Ministerio con permanentes amenazas de juicios políticos que no se concretan simplemente porque se convierten en mecanismos de intercambio de favores entre estas dos instituciones, la institución del Congreso y la del Ministerio Público.
Es la hora de devolver a la sociedad esta institución tan cara a sus anhelos, y especialmente que sus investigaciones no estén llevadas ni por intereses políticos, crematísticos, mafiosos, sino por investigaciones rigurosas que acaben sancionando a los delincuentes con algo mucho más que una pasantía de 6 meses en la agrupación especializada, una prisión domiciliaria y algún permiso para ir nuevamente al trabajo. Es el tiempo de cambiar esta ecuación perniciosa que golpea severamente al país en su conjunto.
