De acuerdo a un estudio publicado por la Cepal, América Latina y el Caribe tendrán los mayores índices de matrimonios tempranos y forzados en el 2030. En Paraguay, el 25% de las adolescentes de 15 a 19 años, casadas o en unión, pertenece al quintil más pobre.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), llevó a cabo un estudio denominado “Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados”, categorizando este tipo de actividades como prácticas nocivas profundizadoras de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe.
La investigación determinó que una de cada cuatro niñas contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años. Su prevalencia en la región no ha variado en los últimos 25 años y, sin acciones e inversiones, América Latina y el Caribe tendrá, para el año 2030, el segundo índice más elevado de matrimonio infantil, por detrás únicamente de África Subsahariana, según la Unicef.
Los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas son fenómenos complejos relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, marcos legales y políticas inadecuadas, limitadas o inexistentes, que ponen en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes.
Teniendo en cuenta lo recopilado por la investigación, es frecuente que las niñas y adolescentes se casen o se unan como una estrategia para escapar de la pobreza, pero estar en esa situación en realidad restringe sus oportunidades de autonomía económica.
En Paraguay, el 25% de las adolescentes de 15 a 19 años, casadas o en unión, pertenece al quintil más pobre, frente al 4% del más rico. Por otra parte, el 30% de las niñas pertenecientes a pueblos indígenas están casadas o unidas frente al 14,2% que habla solamente castellano.
SITUACIÓN EN PARAGUAY
Patricia Aguilar, quien forma parte de la coordinación de proyectos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en Paraguay se observa mayoritariamente la unión temprana y forzada, pero no así el matrimonio formal como tal; esto hace que la práctica que torne naturalizada dentro de la sociedad.
Patricia Aguilar
Aguilar destacó que muchas familias y las propias niñas o adolescentes toman la unión forzada como una salida ante una situación económica vulnerable, viéndola con una falsa esperanza cuando en realidad termina fortificando el contexto de pobreza de la menor, imposibilita su acceso a una educación de calidad y también su desarrollo individual.
“Los números muestran que en Paraguay también se da el fenómeno de las uniones tempranas y forzadas, por lo que el primer paso constituye en visibilizar la existencia de todos estos datos, con el objetivo de analizar y posteriormente prevenir este tipo de uniones, lo que sería la meta central”, manifestó la profesional.
ACCIONES DE PARAGUAY
Teniendo en cuenta las explicaciones de Aguilar, nuestro país cuenta con las políticas públicas suficientes porque cuenta con el marco legal suficiente, con un sistema de protección a través del cual el Estado se encuentra organizado.
“Tenemos instituciones y todo un sistema de protección que debe dar seguimiento e implementar medidas, pero debe haber una mayor articulación del Estado, la sociedad civil y la comunidad para prevenir este tipo de situaciones”, determinó la vocera.
Un ejemplo claro de la principal protección contra las uniones tempranas es la ley 5419, promulgada en el 2015, la cual estipula que ninguna persona menor de 18 años puede contraer matrimonio. La misma modificó los artículos 17 y 20 del Código Civil, pero de todos modos deja una variable que permite a los menores contraer matrimonio a partir de los 16 años, si los mismos cuentan con una autorización por parte de su tutor legal.
“Este avance permitió que ya no se desarrollen matrimonios durante una edad temprana, pero de igual forma no cambia la realidad de las uniones forzadas registradas en su gran mayoría en nuestro país, que es representado por más de 16 mil niñas y adolescentes”, acotó la vocera.
Por ello, la experta concluye que se deberían reforzar las normas, comportamientos, invertir más en la adolescencia y mejorar el nivel de inversión social para evitar el nivel de vulnerabilidad de la pobreza, promoviendo también mayores programas de reinserción educativa para mantener una alternativa para las niñas y adolescentes; esto se vería también como una leve manera de evitar los índices proyectados para el 2030.
