La inseguridad en el norte del país fue uno de los temas más importantes durante el año. La crisis se acentuó en el último mes.
En diciembre, tres nuevos secuestros, de los cuales solo uno pudo retornar a su vivienda con vida, volvieron a preocupar a la población, que ya no sabe a quien acudir, ante el fracaso del Estado en el combate a estos grupos insurgentes.
Hugo Pereira, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales (UNA), cuestionó que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), han asesinado a campesinos vinculados con la lucha por la tierra. Y han establecido una línea discursiva donde alegan que los mismos labriegos son los que protegen a estos grupos que no pasan de ser 20 o 30 integrantes.
“Es muy dudoso que una insurgencia pueda mantenerse por más de 10 años en una zona sin tener un apoyo popular. El cual es nulo en la zona”, afirmó.
Instó a los organismos del Estado a buscar el trasfondo de las bandas criminales que operan en el norte. Cuestionó que los “grupos revolucionarios” exijan a familias sobreendeudamientos para costear víveres para otras de escasos recursos.
“Yo no creo que entregando provistas se solucionen los problemas sociales. Al contrario, están apuntando a la misma línea del Gobierno, al entregar alimentos cuando los problemas son mucho más complejos”, explicó.
PRÓXIMO AÑO
Para el analista, la violencia y las extorsiones seguirán en el 2022. Señaló que las actividades de producción, como la soja y el eucalipto a gran escala afecta a los territorios ocupados por familias campesinas.
“Hay elementos que nos permiten vaticinar que el escenario conflictivo se irá acrecentando como la violencia. Toda vez que el Estado tome en serio la cuestión y no simplifique nada más los problemas. Para el Estado, el pobre es el culpable, el modelo de desarrollo excluyente es el gran responsable”, manifestó.
HISTORIA
El docente explica que el problema de las tierras comenzó en la misma época colonial (1524 a 1811) con los establecimientos ubicados en el norte. La colonia española se expande hacia el lejano nordeste paraguayo y entrega grandes propiedades de tierras a los militares que servían al imperio colonial. De esta manera se convierten en los primeros grandes terratenientes.
Estos establecimientos tenían grupos armados que defendían a sangre y fuego los latifundios. Principalmente de las poblaciones indígenas. Porque, contrariamente a lo que señalaba la Colonia española, que ocupaban solo territorios despoblados, los territorios del norte estaban ocupados por comunidades indígenas.
Muchos de ellos fueron masacrados por parte de estos grupos armados. La defensa del latifundio era incluso una política de Estado.
Años después, desde la caída de la dictadura en 1989 hasta el 2013, el 75% de la muerte de campesinos en el marco de la lucha por la tierra se produce por agentes paramilitares o directamente sicarios.
“Hoy se hace más visible en el marco de la lucha por la tierra. Me preocupa mucho que el Estado simplifica mucho la cuestión de la inseguridad señalando que el culpable de todo es el EPP o la ACA – EP”, expresó finalmente Pereira.
