El episodio que se movió recientemente en torno al senador Paraguayo Cubas dejó en primer plano un tema que merece ser abordado con seriedad. Cubas construyó toda una argumentación apocalíptica sobre brasileños depredadores de bosques, terminando con una insólita invitación al genocidio. De ahí en más, la opinión pública convirtió el tema un verdadero carnaval.
El problema es que el cargamento de rollos de madera “intervenido” por el legislador venía acompañado por toda la documentación que autorizaba a su propietario a moverlo hacia la industria maderera de destino.
En este punto es preciso poner en claro lo que es deforestación, desmonte, cambio de uso de suelo y manejo forestal. Todo está regulado. La ley 6.256 “que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental” impide convertir bosques en campos para agricultura o ganadería. Eso está claro. Por su parte, la ley forestal 422 de 1973 declara de interés público “el aprovechamiento y el manejo racional de los bosques y tierras forestales del país”. Esto autoriza al propietario de tierras con bosques a realizar extracciones selectivas de árboles que hayan alcanzado la etapa de maduración y desarrollo que los hagan maderables. Para este efecto, es necesario contar con una autorización del INFONA previa presentación de un Plan de Manejo Forestal. Cumplido el requisito de manejo racional, el bosque puede ser aprovechado en términos económicos. De allí proviene la madera utilizada por las industrias supérstites del sector que en 2018 exportaron no más de US$ 53 millones en subproductos forestales.
Naturalmente, una cosa es el marco legal regulatorio y muy otra su cumplimiento. El sector forestal no escapa a la regla y las violaciones de ese marco están a la orden del día ya sea por lenidad o por corrupción de las instancias de vigilancia, control y penalización. El problema es que otorgándole carácter delitivo a cualquier cargamento de rollos, se rebaja el valor de la denuncia, desestimulándose, al mismo tiempo, el ajuste a la ley.
Ese es, a nuestro modo de ver, el principal error del senador Cubas: promover la confusión, algo muy grave tratándose de un legislador
