Seguros médicos privados para funcionarios públicos tienen un costo anual para el Estado de US$ 109 millones (G. 750.000 millones). Solo por citar como referencia, el nuevo hospital inaugurado en El Salvador en junio con 1000 camas de terapia intensiva costó US$ 75 millones (G. 514.000 millones).
Específicamente, según datos del Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) 2020 y facilitados por Jorge Querey, senador nacional, se observa que los seguros privados de salud (rubro 191) para funcionarios públicos, cuestan al Estado US$ 80,4 millones (G. 550.000 millones). Esto beneficia a 138.614 funcionarios. En tanto que el subsidio de salud (Rubro 271) cuesta US$ 28,7 millones (G. 197.000 millones) y beneficia a 81.505 funcionarios. Sumados los dos dan US$ 109 millones y beneficia a 120.119 funcionarios públicos.
EMPRESAS BENEFICIADAS
Según datos disponibles en la web de Contrataciones Públicas (DNCP), se observa que la principal empresa beneficiada con los seguros es Protección Médica SA (Promed). La firma recaudó entre 2019 y lo que va del 2020 la suma de US$ 20 millones (G. 135.000 millones).
Los seguros fueron para un total de 15 entes públicos, las principales adquisidoras fueron el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), que pagó US$ 7 millones (G. 52.000 millones). En segundo lugar el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que pagó US$ 5 millones (G. 38.000 millones). En tercer lugar quedó Aduanas con US$ 2 millones (G. 14.000 millones). La empresa es del uruguayo José Luis Daglio Tanco.
Medi Plan SA, por su parte, ganó un total de 10 contratos con el Estado sobre seguros médicos. El valor fue de US$ 12 millones (G. 80.700 millones). Los entes públicos que más pagaron por este seguro fueron el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) y el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), ambos con US$ 3,6 millones (G. 25.000 millones). La empresa es del empresario Aldo Basaglia.
El Servicio Integral Médico (SIME) SA, del mismo grupo del Sanatorio Santa Bárbara, ganó también durante el 2019 y 2020, un total de 11 contratos con el Estado por valor a los US$ 12 millones (G. 82.000 millones). El principal ente que adquiere este servicio es el Ministerio de Justicia que pagó US$ 9 millones (G. 61.000 millones). La empresa es de Juan Antonio Almirón, también dirigente deportivo.
Otra de las empresas más beneficiadas es Asismed SA de Miguel Figueredo, presidente del club Sol de América. Entre 2019 y lo que va del 2020 firmó seis contratos totalizando la suma de US$ 10 millones (G. 71.000 millones). Las dos entidades públicas que más requirieron de este seguro son el Banco Nacional de Fomento (BNF) que pagó US$ 5,8 millones (G. 40.000 millones) por los dos años. Mientras que la Cámara de Diputados pagó US$ 4 millones (G. 28.000 millones) también por los dos años.
QUEREY
Jorge Querey, senador por el Frente Guasu, impulsa un proyecto de ley para la migración de todos estos funcionarios al IPS. El legislador señala que cientos de funcionarios estatales gozan de un privilegio injustamente desigual con el promedio de los empleados a nivel privado, ya que además de contar en algunos casos con buenos salarios, la ciudadanía debe pagar sus seguros médicos.
“La mayor parte de la población debe recibir la asistencia de salud en hospitales públicos en pésimas condiciones y con carencias de médicos, medicamentos, ambulancias, salas, insumos”, cuestionó.
