Todo indica a que el eventual juicio político contra la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, por el supuesto uso indebido de influencias en el caso del empresario Karim Salum no avanzará, debido a que tanto la bancada de Honor Colorado como de Añeteté decidió respaldar a la máxima autoridad del Ministerio Público.
En la fecha, el diputado de Añetete, Arnaldo Samaniego comunicó a través de sus redes sociales la decisión de su bancada de no acompañar el eventual juicio político y con la postura asumida de que no existirían los votos necesarios para iniciar el proceso.
“Desde la bancada oficialista Colorado Añetete, de la Cámara de Diputados, manifestamos que: No acompañaremos el juicio político a la señora fiscala general del Estado, como se viene mencionando en algunos medios de comunicación y cuentas particulares de periodistas, más aún cuando los supuestos hechos han sido suficientemente aclarados por las instituciones encargadas”, escribió el legislador.
Samaniego agregó que brindan todo el apoyo a Quiñónez y en representación de sus colegas, exhortó a ella y a todas las instituciones lideradas por el presidente de la República, “a continuar trabajando con profesionalismo, transparencia y honestidad para así honrar la confianza del pueblo paraguayo”.
Por su parte, el diputado Basilio Núñez, líder de la Bancada de Honor Colorado, días atrás aseguró también que los 23 miembros del bloque político expresaron su total apoyo a la gestión de Quiñónez al frente de la Fiscalía General del Estado, y señaló que no es el momento para plantear un juicio político contra la misma.
“Consideramos que esta pandemia que estamos sobrellevando, no debería ser aprovechada para un revanchismo. Instamos a la Fiscala General de la República a que siga ejerciendo el trabajo que corresponda dentro del marco de la ley”, rezaba parte de un comunicado de la bancada de HC.
INICIATIVA
El viernes pasado el diputado Édgar Acosta (PLRA) anunció que solicitará el juicio político contra la máxima autoridad del Ministerio Público reclamando que “no podemos tolerar el uso indebido de influencia de la máxima representante de la sociedad”.
Sandra Quiñónez supuestamente habría utilizado sus influencias para permitir que el empresario Karim Salum -alto funcionario de una de las empresas del expresidente de la República, Horacio Cartes- cumpla cuarentena en su domicilio y no en un albergue estatal tras su retorno de los Estados Unidos.
