El 4 de marzo pasado, Alfredo Guachiré, periodista y activista digital, publicó filmaciones que muestran a contrabandistas operando frente a la sede de la Prefectura Naval de Itá Enramada (Asunción). En las imágenes se observa que los mismos contaron con el apoyo de policías y militares. Las filmaciones datan del 12 de junio del 2021.
Por esta situación, Arnaldo Franco, senador por la ANR y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Combate del Contrabando, convocó a Emilio Fuster, ministro de la Unidad interinstitucional para la prevención, combate y represión del contrabando y a Carlos Velázquez, comandante de la Armada Nacional Paraguaya (hermano del vicepresidente de la República), para dar sus versiones sobre los acontecimientos.
VELÁZQUEZ
Carlos Velázquez, comandante de la Armada Nacional Paraguaya y hermano del vicepresidente de la República, expresó que recién tuvo conocimiento de los hechos cuando tuvieron acceso a las imágenes divulgadas por la prensa.
“Se han tomado medidas correctivas con sanciones. Se ha pasado a la justicia militar que remitió todo de nuevo a la Fiscalía. Eran dos oficiales y seis suboficiales. Se resolvió hacer un sumario con 20 días de arresto y a los suboficiales con 15 días de arresto”, informó.
Expresó que las imágenes divulgadas no fueron captadas por el circuito cerrado de la Armada.
“La investigación está en curso. Lógicamente saldrán los responsables. Es lateral al predio de la Armada no en su interior. Estoy convencido de la complicidad del personal militar. Es probable que exista más cómplices. Estamos hace tres años, nos cuesta mucho porque a la gente le es difícil cambiar el chip de que estamos en otros tiempos”, expresó.
Dijo finalmente que él no está involucrado y que por ende no renunciará a su cargo.
FRANCO
Arnaldo Franco expresó al término de la reunión en rueda de prensa que el encuentro fue muy productivo. Al mismo tiempo lamentó que esta situación demuestra que las instituciones son frágiles.
“Se evidencia que hemos avanzado la lucha contra este crimen organizado que termina en el lavado de dinero. Se evidencia que ha faltado la denuncia a la Fiscalía. Todos los informes de los avances de las gestiones fueron importantes. El hecho fue muy grosero, ninguna de las instituciones hizo la denuncia. La Fiscalía, recién tuvo contacto cuando el hecho tomó estado público”, afirmó.
Destacó que todas las instituciones han demostrado falencias. Y que ya corresponderá a la justicia actuar en este caso para procesar a los actores involucrados. Con respecto a los altos mandos, afirmó que el Ejecutivo es el que debe decir si los remueve o no.
“Es importante destacar que tuvimos información privilegiada. La fiscalía también tendrá los nombres de la gente que ha filtrado a los medios. Hay muchos vínculos, militares, policías y funcionarios de Aduanas”, manifestó.
Insistió que es una lástima que no hayan denunciado. Por lo que insistió en que haya castigos a los policías y militares involucrados.
“Nosotros vamos a ir convocando permanentemente. Vamos a trabajar sobre algunos proyectos de ley. Hace dos sesiones pedí modificaciones en el código penal militar en la parte de castigos”, expresó.
Dijo finalmente que no convocaron al Ministerio Público porque querían centrarse solo en los principales actores.
