El pasado 1 de noviembre, Rodrigo Estigarribia, fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público, imputó a Hugo Javier González, gobernador de Central y otras 14 personas.
Los cargos son lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Esto por la supuesta malversación de G. 5.105 millones que la gobernación debía destinarlos a la mitigación de la pandemia.
Una semana después, el 8 de noviembre, los concejales departamentales aprobaron el pedido de intervención. Ayer, dos semanas después, el Ejecutivo remitió el pedido a la Cámara Baja.
GONZÁLEZ
Kattya González, diputada nacional por el partido Encuentro Nacional (PEN), señaló que intentarán que se trate el miércoles, porque están contra reloj.
“La ley 317 que es la que reglamenta las intervenciones establece que tenemos que conformar una comisión especial integrada por nueve miembros de forma proporcional a las fuerzas políticas de la Cámara Baja”, expresó.
Esta comisión estará conformada por cinco diputados colorados, tres liberales y uno del tercer espacio. Este grupo contará con hasta 15 días para emitir su dictamen.
“Si no se trata el miércoles, será difícil que se trate este año. Porque hasta el 20 de diciembre podremos hacer sesiones”, expresó.
La legisladora hacía alusión al receso parlamentario que inicia ese lunes.
AÑETETE
Hugo Javier González, pertenece al movimiento “Honor Colorado” de la ANR. En la Cámara Baja, 23 de 80 legisladores son de este movimiento. Otros 18 son de “Añeteté” (oficialistas). Estos últimos, son los que jugarán un papel clave al momento de aprobar la intervención o no.
González resaltó que todos los diputados colorados de Central son del oficialismo. Por lo que espera que se termine aprobando el pedido. Se refería a Jazmín Narváez, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Ángel Paniagua y Carlos Núñez Salinas.
“Si estamos 37 los opositores se tendrían los números. Para llamar a una intervención se requiere solamente mayoría simple. Para una destitución se requiere mayoría absoluta”, informó.
Si se aprueba el pedido, el Ejecutivo deberá designar un interventor que tendrá entre 60 a 90 días para emitir un informe. Allí se tratará la destitución o no.
“Esperamos que el movimiento Honor Colorado apele a la transparencia. Si no hay nada que ocultar porque se debería vedar la posibilidad de una intervención”, mencionó.
En el caso de que este miércoles no se trate en la sesión ordinaria, ya no darían los tiempos para concretarlo. Se derivaría al mes de marzo, cuando se produzca el retorno de los parlamentarios.
CONVERSACIONES
González adelantó que, junto a Édgar Acosta, buscarán convencer a los diputados de Central que impulsen y aprueben el pedido.
“Es algo que le debemos a nuestro departamento. Nosotros esperamos que prime la cordura. Es un escándalo superlativo. Estamos hablando del uso y abuso de los recursos destinados a la pandemia”, manifestó.
