Los diputados están muy entusiasmados con el tratamiento de un proyecto dirigido a prohibir y sancionar la especulación de precios de productos de prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas. Ante un ilícito comercial tan flagrante como la especulación, uno se pregunta: ¿Es necesaria una nueva ley para penalizarlo? No somos expertos en técnica legislativa pero tratamos de combinar lógica, archivo y comparación.
Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio tiene entre sus competencias “poner en ejecución las medidas comerciales necesarias para el normal abastecimiento de materias primas, productos intermedios y artículos terminados, de producción nacional o extranjera, con el objeto de evitar combinaciones que tiendan, a su acaparamiento, a la especulación indebida sobre sus precios, a suprimir la libre concurrencia, y para hacer frente a eventuales situaciones de escasez de los mismos”.
Si hay ministerio, hay ley que sostenga sus potestades. ¿O no? Por otro lado, existe la Comisión Nacional de la Competencia, creada por la ley 4.956 para defender la libre competencia prohibiendo aquellos actos que la entorpezcan los cuales, dice, “serán corregidos o castigados mediante los mecanismos y sanciones previstos en la ley”. ¿Y cuáles son esos actos? Los que busquen “restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia existente o futura en el mercado relevante”. Por mercado relevante, la ley define aquellos “bienes, servicios y competidores inmediatos a los que el consumidor puede acudir sin una restricción o abuso que diera lugar a un aumento significativo de precios”.
La CONACOM tiene instrumentos suficientes para intervenir en cada caso. Si bajo este paraguas no entra la especulación, uno se pregunta para qué tanta ley, tanto organismo, tantas comisiones, tantos ministerios, tantas resoluciones si para cada caso en particular hay que sacar una ley. Y ya se sabe que, en la dinámica burocrática paraguaya –por darle un nombre elegante- otra ley significa más nombramientos y contrataciones para hacerla cumplir.
Y el COVID 19 es un argumento bien alcahuete para esa práctica.
