Selva Castiñeira, politóloga, afirmó que varios administradores pertenecientes a “Honor Colorado” están complicados por hechos de corrupción.
“Esto se veía venir pos pandemia por la mala administración de los recursos. Esto se da por una alta corrupción que se ve reflejado en varias localidades como fue el caso de Central por ejemplo con el gobernador que tuvo que ser enjuiciado y apartado del cargo. Esto llevó al país a un alto endeudamiento que la ciudadanía. Esto no podrá ser sostenible en el tiempo por la situación que nos está explotando en la cara”, explicó.
La analista señala que la ciudadanía no la está pasando bien. Y los administradores que asuman en el 2023 deberán tener un compromiso muy importante con el país.
“Tenemos un alto costo de la canasta familiar, del día a día de la ciudadanía en sí. La gestión de muchos gobernantes se ven salpicados por una mala administración de los recursos debido a que esa es la razón por la que el Gobierno tiene una alta desaprobación de su gestión del 80% al 82%”, explicó.
Destacó que el presidente no es el único responsable de esta situación. Ya que existen los gobernantes locales.
GOBIERNO DE CARTES
Castiñeira destacó que durante el Gobierno de Cartes existió una mejor gestión, más oportunidades, y el país se encontraba mejor económicamente con un PIB importante. Pero en aquel entonces, el Paraguay no estaba sobreendeudado como lo está ahora.
“Lo que se hizo en ese momento fue emitir bonos y contribuyó a la economía. Hoy estamos con un país sobreendeudado y una de las razones fue la pandemia. A raíz de eso, esa lama administración, hace que cualquier endeudamiento mal administrado, repercute en los bolsillos de la ciudadanía”, concluyó.
Óscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de Asunción (ANR cartista).
Asumió en diciembre del 2019 la intendencia de la capital del país en reemplazo de Mario Ferreiro. Este renunció luego de una presión mediática tras divulgarse mensajes de un grupo de telegram donde personas cercanas a Ferreiro negociaban una recaudación paralela para la concesión de contratos con la comuna a proveedores.
Desde el inicio de su mandato, Rodríguez ha sido cuestionado por el sobreendeudamiento al que somete a la municipalidad. Durante el 2020, endeudó a la comuna de Asunción por US$ 60 millones.
Hace días, el jefe comunal remitió a la Junta Municipal un “Plan de Reordenamiento Administrativo”. La misma consiste en un nuevo endeudamiento de G. 565 mil millones (US$ 82,2 millones) para pagar el vencimiento de deudas contraídas en años anteriores que no se pueden pagar.
A este constante pedido de préstamos se suma la compra irregular de desinfectantes y saturometros durante el 2021. Esto fue denunciado ante la Senac y Contraloría por la precandidata a la diputación Johanna Ortega, pero las investigaciones no registran mayores avances.
Hugo Javier González, exgobernador de Central (ANR cartista).
En noviembre del año pasado, Rodrigo Estigarribia, fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos de la Fiscalía, imputó a Hugo Javier González y otras 14 personas por la supuesta malversación de G. 5.105 millones que la gobernación debía destinarlos a la mitigación de la pandemia.
Sin embargo, en diciembre, fue «blindado» en la Cámara de diputados cuando se analizó su pedido de interpelación.
Con esto, quedó sin efecto la posibilidad que un interventor externo administre la gobernación por tres meses e investigue, a la par, si las documentaciones existentes coinciden con las obras ejecutadas.
Independientemente a esto, las investigaciones de la Fiscalía siguieron avanzando hasta que a mediados de abril de este año, la jueza María Elena Cañete decretó la prisión preventiva del entonces gobernador.
Finalmente, a fines de abril, solo 14 días después de la orden de la jueza, Gustavo Machuca asumió como nuevo gobernador ante la imposibilidad de González de acudir a su puesto.
Juan Carlos Vera, gobernador del Guairá (ANR cartista).
En febrero pasado, la Junta departamental del Guairá, aprobó la intervención de la gobernación. Esto, tras detectarse irregularidades en la gestión del gobernador Vera en el manejo de US$ 2 millones que entregó el Gobierno central para la mitigación de los efectos de la pandemia.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) corroboró varias irregularidades administrativas, como facturas clonadas y se estima un perjuicio de US$ 1 millón. Entre las irregularidades se destacan, la adquisición de lumínicas para el club Guaireña, infraestructura que ya existía antes de la compra según la denuncia por lo cual se sospecha de un caso de doble facturación.
El gobernador del Guairá, dio su versión de los hechos hace un par de meses. Expresó, a medios de comunicación, que solo firmó un pago para las lumínicas del estadio de Guaireña.
«Hubo un sólo desembolso no hay doble pago. Todas las construcciones que se realizaron con el fondo de reactivación están hechas. No hay obras fantasmas. Vinieron una serie de observaciones de la Contraloría con respecto a los fondos de reactivación que se han cumplido», señaló en su momento.
César Ramírez, gobernador de Canindeyú (ANR cartista).
Asumió como gobernador en el 2018, representando al oficialismo colorado. Pero en octubre del año pasado, decidió cambiar a filas de “Honor Colorado”. El motivo de su alejamiento de Abdo es porque no se sentía “cómodo y valorado” en sus propias palabras.
Publicaciones periodísticas revelaron que el exfutbolista y actual gobernador de Canindeyú, César “Tigre” Ramírez desembolsó G. 5.100 millones (de los G. 6.400 millones que recibió como recursos de emergencia), solo a una oenegé.
Se trata de la Asociación Pro Desarrollo del Norte, un ente prácticamente nuevo ya que fue fundado en agosto del 2020, pero los recursos los recibió seis meses después, en febrero del 2021.
Pedro “Pipo” Díaz Verón, gobernador de Caazapá (ANR cartista).
A mediados de enero, la Fiscalía allanó la sede de la gobernación de Caazapá, administrada por el entonces gobernador oficialista “Pipo” Díaz Verón.
Los concejales departamentales Rodrigo Miño y Wilson López fueron los que denunciaron pagos a reparaciones fantasmas. La denuncia señala que la gobernación realizó pagos para las reparaciones de 22 máquinas que no fueron reparadas, entre otras irregularidades. Se lo acusa de malversar US$ 2 millones que recibió su administración para mitigar los efectos de la pandemia.
Su rendición de cuentas también fue denunciada por poseer irregularidades. Una de ellas fue la transferencia de dinero a una oenegé para la realización de obras sin que la misma esté habilitada para el efecto.
Solo 10 días después de los allanamientos, Díaz Verón pasó al movimiento de “Honor Colorado”. Lo llamativo es que solo algunos días antes estuvo en la inauguración del movimiento “Fuerza Republicana” del oficialismo.
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