En concurso para el mantenimiento de sus propios cargos, un total de 162 camaristas, jueces y fiscales rindieron su examen en el Consejo de la Magistratura (CM). Sin embargo, 67 de los postulantes se aplazaron en las pruebas, mientras que solo 95 lograron el puntaje requerido para mantenerse en su puesto.
Los edictos fueron convocados para el 2021, pero debido a la pandemia, los ejes temáticos, la cantidad de postulantes, sin mencionar el nuevo reglamento de selección, ahora se están desarrollando las etapas de evaluación. Los resultados mencionados corresponden a las pruebas de conocimientos generales, que están relacionados netamente a la Constitución Nacional.
Otra etapa de la evaluación corresponde a conocimientos más específicos, de acuerdo a los cargos de los postulantes y los fueros de los mismos. Posteriormente vienen las entrevistas evaluativas con los miembros y luego cada cargo se encontraría en estado de estudio para su integración en la terna.
No obstante, resulta esencial tener en cuenta que debido a la ley 5536, el CM está obligado a incluir en la terna a los titulares en el cargo. Esto quiere decir que, pese a haberse aplazado, los concursantes integrarán la terna de todos modos, para luego quedar a criterio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) su designación final.
FALENCIA PROYECTADA
“Esto pone en manifiesto con bastante claridad y contundencia que la formación de un alto porcentaje de los magistrados de nuestro país está muy por debajo de las necesidades para su cargo”, destacó el Dr. Marcelo Duarte, abogado y exsenador nacional.
Dr. Marcelo Duarte
Para el analista, el aplazo observado en un importante porcentaje expone a los justiciables a situaciones graves, aparte de contribuir a la vulnerabilidad de la justicia en nuestro país, en cuanto a su nivel de imparcialidad. De este modo, con resultados similares se proyecta la falencia judicial a nivel nacional.
“Que un magistrado, sin importar su rango, tenga un título habilitante,
no garantiza necesariamente que posea la suficiente capacidad para llevar adelante su tarea, debido a que la calidad del sistema educativo en las universidades, escuelas y colegios, es muy deficiente”, desató el Dr. Duarte.
Para el analista, este tipo de situaciones termina por demostrar un alto porcentaje de ineficacia en el perfil de los magistrados del país. Al respecto, el abogado remarcó que la realidad mencionada reclama soluciones de corto, mediano y largo plazo.
Una de las acciones centrales que deberían tenerse en cuenta es en términos académicos, iniciando por una suerte de depuración en las universidades, teniendo en cuenta el alto nivel de proliferación de las mismas, con nulas bases que beneficien verdaderamente a la preparación profesional de los abogados, jueces, fiscales, etc.
“Egresar de una universidad no garantiza los conocimientos suficientes para el inicio de la profesión. De hecho, en países como EE.UU., el abogado no puede ejercer sin contar con la aprobación de la barra de abogados del distrito en el cual ejercería”, ejemplificó el especialista.
Así, demostrando que resulta necesario poseer una habilitación, más allá del propio título, para validar la capacidad de ejercer correctamente la profesión. En nuestro país, la mencionada función cumpliría el Colegio de Abogados, pero no contamos con ninguna instancia que pueda determinar o calificar el nivel de preparación de los profesionales.
