Sumidos en un estado de completo abandono, en el que la pobreza y la indefensión consiste en toda la realidad que puedan conocer, cientos de niños y adolescentes viven bajo la total indiferencia de la sociedad y el Estado que debería velar por sus derechos.
Sin la posibilidad de acceder siquiera a un plato de comida, muchos infantes sobreviven como pueden ante situaciones paupérrimas. Otros, cuando deberían estar jugando o estudiando, toman responsabilidades que no les corresponde y comienzan a trabajar desde temprana edad, formando así parte de una larga lista de desertores estudiantiles.
De acuerdo a un informe de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), de cada 10 niñas/os y adolescentes, 4 vivían en situación de pobreza extrema y no extrema en 2020. Igualmente, los Departamentos con más niñas/os y adolescentes en situación de pobreza son: San Pedro con 52%, Caaguazú con 47% y Caazapá 41%.
Los infantes son expuestos a situaciones degradantes y tampoco cuentan con la mínima posibilidad de acceso a servicios básicos que tienen por derecho, normalizando de este modo el sufrimiento de los mismos, sin buscar soluciones para su desidia.
NIÑOS DESPROTEGIDOS
“La respuesta del Estado ante el constante aumento de casos de niños que sufren violencia, maltrato y abuso sexual es la falta de voluntad”, aseguró Aníbal Cabrera, director Ejecutivo de la CDIA.
Ante la infinita carencia que aplasta el futuro de muchos niños, las autoridades no realizan acciones específicas que salvaguarden sus derechos. Cabrera explicó que en Paraguay poseemos un marco legal adaptado al reconocimiento y la protección de los niños y adolescentes; sin embargo, nada se cumple por la falta de equipo técnico, infraestructura y herramientas para auxiliarlos.
Desde el punto de vista del representante de la CDIA, el país dio saltos en materia legislativa, pero en el desarrollo de políticas públicas seguimos atrasados como hace 30 años, ya que se empeoró la situación de desigualdad y pobreza de los niños.
“Tenemos un discurso idealizado que habla de cómo los pequeños son el futuro del país, pero ese no fue el caso de los 45 niños que fallecieron entre 2018 y 2019 por malnutrición severa”, declaró el director, recalcando la ironía de que los niños mueran de hambre en un país productor y exportador de distintos alimentos como la carne y la soja.
UN PROBLEMA CENTRALIZADO
Cabrera explicó que, desde la sociedad hasta las autoridades del país, tristemente se centralizan todos los problemas en Asunción, o sea, cuando se realizan preguntas acerca de posibles acciones para niños en estado de malnutrición, se habla de la Ley de Garantías Nutricional, el Instituto Nacional de Nutrición, etc., pero todo eso se queda en la capital del país.
“Mientras, el niño que muere de hambre se encuentra en la parte más confinada de Ñeembucú, en el fondo de Alto Paraguay o en el sector más olvidado de Boquerón; los servicios públicos no llegan a todos los territorios, no contamos con una cobertura completa”, reclamó el director.
Resulta imposible que se realicen acciones de protección y prevención a dos millones y medio de niños encontrados en todo el territorio nacional, cuando ni siquiera se conoce la situación de los servicios sociales del país.
Entonces, ante tanta indiferencia, los infantes se ven obligados a utilizar sus propias miserias para tratar de llenar el vacío emocional por tanta violencia y hambre inherente a sus días.
Los niños no son vistos como sujetos de derecho y, en lugar de reconocer sus necesidades, se normaliza sus carencias al convertirlos en una especie de mártires de la violencia y la pobreza, como si hubieran tenido la oportunidad de elegir la muerte debido a sus problemáticas.
