Clara Ruiz Díaz, jueza penal de garantías, fijó para este martes 29 la audiencia de imposición de medidas en el caso Imedic SA. Sin embargo, ya desde hace una semana, Patricia Ferreira Pascottini y Nidia Godoy Ojeda, presidenta y directora respectivamente de la empresa, a través de sus abogados, argumentaron que no podían acudir por temor al Covid-19.
En concreto, esto se trataba de una de las dos causas que afecta a la citada firma; la relacionada con las facturas falsas de medicamentos chinos e indios que fueron pasados por brasileros para el Instituto de Previsión Social (IPS).
El hecho en cuestión sucedió a mediados de abril y fue revelada mediante una investigación periodística.
Los abogados solicitaron un cambio de fecha. El fundamento fue que comparecer de forma presencial ante la jueza es un riesgo por el aumento de casos de Covid-19 en el país. Por lo que solicitaron hacerlo de forma virtual.
Como la jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz rechazó este recurso de reposición planteado por la defensa, los abogados defensores apelaron la determinación. Por lo que ahora la Cámara de Apelaciones deberá aceptar o rechazar el planteamiento. Con esto, se desconoce cuándo sería reprogramada la citada audiencia de imposición de medidas.
En la jornada debía definirse si ambas empresarias (presidenta y directora) iban a guardar reclusión en el penal del Buen Pastor. Se las acusa de asociación criminal, producción y uso de documentos falsos y la comercialización de medicamentos no autorizados.
En total fueron detectadas nueve facturas falsas de ventas de esta empresa para el sector público desde el 2018. Si la jueza no encuentra pruebas suficientes puede beneficiar a las acusadas solo con reclusión domiciliaria.
EL CASO
El pasado 10 de junio, el Ministerio Público, a través de los fiscales Susy Riquelme y Marcelo Pecci, imputó a Patricia Ferreira, hija de Justo Ferreira y presidenta de Imedic SA.
También a finales de mayo, Contraloría y la Comisión de Control de Compras, detectaron igualmente irregularidades no solo en los insumos sino también en el proceso de compra, hecho que obligó a Salud a rescindir completamente el acuerdo.
Cabe recordar que dicha secretaría de estado había abonado US$ 2,8 millones en concepto de adelanto por estos insumos. En caso de que no se hubieran detectado las irregularidades, el Estado hubiera pagado US$ 14 millones por estos insumos.
A fines de agosto, autoridades sanitarias anunciaron que recuperaron íntegramente este adelanto.
Patricia Samudio enfrenta otro caso judicial pero con su padre Justo Ferreira. Esto por los insumos médicos irregulares que proveyó a Salud a fines de abril. Los mismos iban a ser destinados para el combate al Covid-19. Sin embargo, estos insumos no eran los solicitados por la cartera sanitaria pero la firma trató de hacerlos pasar como tales.
TRABAJADORES
La firma de la familia Ferreira fue noticia a inicios de diciembre. En concreto, sus trabajadores denunciaron que fueron despedidos sin una previa liquidación.
Fueron más de 30 trabajadores los afectados (de los 100 que integran la empresa). Entre choferes, ayudantes y depositeros. Los mismos ya venían de una suspensión de seis meses. Pero cuando volvieron a sus puestos de trabajo, fueron anunciados de la desvinculación.
Debido a las denuncias, autoridades del Ministerio del Trabajo fueron a la empresa. Mediante esta intervención, los trabajadores despedidos cobraron finalmente sus liquidaciones.
