La Cámara de Diputados rechazo este lunes el juicio político contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, bajo la acusación de mal desempeño de sus funciones, al no reunir los votos necesarios.
En una sesión extraordinaria la votación arrojó 15 votos a favor y 28 en contra. Para avalar un juicio político son necesarios los votos de las tres partes presentes.
Es el tercer proceso que se impulsa contra la fiscal general en dos años, desde su asunción al cargo en marzo de 2018. Previo al nuevo libelo acusatorio, la última sesión donde se trató este pedido fue en el mes de marzo.
El nuevo tratamiento fue impulsado tras la declaración del expresidente Horacio Cartes (2013-2018) como persona «significativamente corrupta», por el del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La declaración responde a la participación del exmandatario en hechos de corrupción y al uso de su investidura para mitigar el riesgo sobre sí mismo, de acuerdo al informe divulgado por el gobierno estadounidense.
Ante este anuncio, un grupo de diputados impulsó un nuevo pedido de juicio político con el argumento de «una deliberada inacción» del Ministerio Público en los procesos penales que involucran al expresidente y personas de su entorno.
Los diputados de la bancada «Honor Colorado», en oposición al juicio, expresaron que la declaración del gobierno de Estados Unidos es una declaración política y no judicial, y acusaron de avasallar la institucionalidad del Ministerio Público con el nuevo pedido de juicio político.
Causas del libelo acusatorio
La primera de las 11 causas del libelo acusatorio corresponde al informe de 2.000 páginas de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso, presentado en abril de 2020, sobre las actividades de lavado de dinero de Darío Messer y su vínculo con Horacio Cartes.
Hasta la fecha el Ministerio Público no avanzó en ninguna investigación penal, pese a que Messer en su confesión en Brasil citó al entonces presidente como la persona que lo asistió en su fuga de Paraguay y a que la Fiscalía brasileña cuenta con elementos de que empresas de Cartes formaron parte del esquema de lavado, denunció la diputada Kattya González, una de las proyectistas.
El diputado Sebastián Villarejo agregó que en los últimos tres años la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) emitió ocho alertas de operaciones sospechosas en empresas del expresidente Cartes que no fueron investigadas por el Ministerio Público.
Otras causas corresponden a la falta de avances en los procesos penales en hechos ocurridos durante la presidencia de Horacio Cartes, como la construcción cancelada del Metrobús, la denuncia por presentación de declaración falsa de bienes, y el asesinato de Rodrigo Quintana a manos de la policía el 31 de marzo de 2017.
El pedido de juicio político inició su tratamiento el domingo 24 de julio y se desarrolló durante seis sesiones extraordinarias, incluida una suspendida por incidentes entre los diputados dentro del recinto.
